En 2022 el presidente Biden pidió revisar la clasificación; en 2023 Salud (HHS) recomendó incluirla en la Lista III y en mayo de 2024 se publicó la propuesta para reubicar la marihuana en la Lista III. La DEA, en vez de cerrar rápido, convocó audiencias y el proceso quedó detenido en 2025 por apelaciones y decisiones administrativas, según documentos de la propia agencia.

Esa parálisis explica por qué hoy se habla de “empujar” el trámite desde la Casa Blanca. Un presidente no puede hacer cambios en las listas por decreto, pero sí orientar la estrategia del Departamento de Justicia y de la DEA, priorizando -por ejemplo- una regla final o destrabar la audiencia. El riesgo es político y legal, ya que un avance puede ser percibido como atajo y terminar litigado, alargando otra vez un debate que ya divide a la industria y a los estados.

En entrevistas citadas por la prensa norteamericana, voceros de la Casa Blanca insistieron en que no hay “decisión final”. Mientras, el sector financiero leyó el rumor como señal política y acciones cannábicas repuntaron, pese a que el calendario regulatorio sigue incierto.

Si finalmente se concreta el paso a la Lista III, el efecto más inmediato para el negocio estatal sería fiscal porque dejaría de aplicarse la penalización del artículo 280E, que hoy impide deducir gastos ordinarios a empresas que operan con sustancias de las listas I y II. Pero no sería legalización federal, ya que seguirían vigentes prohibiciones penales y el vacío regulatorio de la FDA.

En paralelo, lo que ocurre con el CBD se mezcla con una discusión distinta: el Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) propuso para 2027 precisar que los planes de Medicare no pueden cubrir “productos de cannabis” ilegales bajo ley federal o estatal (incluida la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act). La redacción abre margen para productos de cáñamo legales, pero no equivale a prometer cobertura de CBD y la prensa especializada advierte que CBD no quedaría incluido tal como está escrito.

Por ahora, la novedad es más un trascendido político que una firma que concrete la iniciativa. Si Trump decide intervenir, la reclasificación podría aliviar impuestos y normalizar parte del sector, pero también consolidar un cambio pensado más para los balances de las empresas que para la justicia social. La pregunta persiste: ¿administrar la contradicción o desmontarla?