La orden, publicada por la Casa Blanca bajo el título Increasing Medical Marijuana and Cannabidiol Research, le pide al fiscal general “tomar todas las medidas necesarias” para completar “de manera expeditiva” el procedimiento de reclasificación hacia la Lista III, conforme a la ley federal. Este es un punto clave y, por lo mismo, conviene evitar confusiones ya que no es la anhelada legalización federal que parte de la industria reclama, ni un cambio automático, solo una instrucción política para acelerar una maquinaria administrativa que ya estaba en marcha.
En el propio texto, la Casa Blanca repasa el camino recorrido que inicia con una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en 2023 para ubicar el cannabis en Lista III, un proyecto de regla del Departamento de Justicia en mayo de 2024 y un expediente que acumuló decenas de miles de comentarios públicos, hoy todavía atravesado por instancias administrativas.
La Lista III del Control de Sustancias (CSA) sería, en términos federales, el eslabón que permite sostener que el cannabis tiene “uso médico aceptado” y un potencial de abuso menor que en la Lista I y II. Ese es el corazón de la apuesta política que busca mover el debate hacia la salud e investigación. Eso sí, seguir dentro del CSA implica controles y no despeja, por sí solo, la contradicción entre mercados estatales y la prohibición federal.
El encuadre de la medida es clínico y Trump insiste en que la reclasificación busca “remover barreras” para investigar seguridad, eficacia y efectos a largo plazo. Además, citó datos para justificar la urgencia de la medida: 40 estados más Washington D.C. con programas de cannabis medicinal, miles de profesionales habilitados para recomendarlo y millones de pacientes registrados. En esa misma línea, la orden amplía el foco buscando actualizar definiciones y armar un marco regulatorio que permita acceso “apropiado” a CBD de espectro completo, sin abrir la puerta a productos considerados riesgosos.
En el caso del cannabis recreativo o de uso adulto, la orden ejecutiva no crea una legalización federal. Incluso si la DEA completa el cambio a la Lista III, la marihuana seguiría siendo una sustancia controlada bajo la ley federal y el comercio de los mercados recreativos estatales seguiría fuera del marco federal (más allá de que los estados mantengan sus propios sistemas de licencias y ventas).
La bancarización, por su parte, podría mejorar solo de manera parcial. Una reclasificación a Lista III reduce estigmas y puede facilitar que algunas instituciones financieras reevalúen riesgos. Sin embargo, especialistas han advertido que mover el cannabis de Lista I a III no elimina, por sí solo, los riesgos jurídicos centrales para bancos y procesadores de pago. En otras palabras, sin una “zona segura” aprobada por el Congreso, la industria puede ver alivios, pero no una normalización financiera plena.
Sin duda, la orden ejecutiva es un gesto histórico y un recordatorio de los límites del reformismo por vía administrativa. Estados Unidos –por fin– admite, en su propia clasificación federal, que el cannabis no encaja en el casillero de sustancias “sin uso médico”. Sin embargo, la convivencia forzada entre mercados estatales y prohibición federal, el acceso desigual y las heridas de décadas de guerra contra las drogas continúa sin una solución.
