Días después de absolver a un club de cannabis los jueces vizcaínos condenan a otro.

Pese a que la pena que cae sobre un club de Zaldibar se puede conmutar si los miembros “entran en un programa de desintoxicación” (parece mentira que estamos en el siglo XXI, ¿verdad?), la cuestión es que el club fue condenado.

Lo extraño de la sentencia es que ese mismo juzgado absolvió a otro hace poco. En realidad la cosa fue tal que en el club, como club, no se vio delito sin embargo se condenó a los dirigentes por robar la luz para mantener los cultivos y por delito contra la salud pública.

Sea como sea, incluso si los jueces tienen razones de sobra para las condenas, lo que parece bastante claro es la necesidad imperiosa de una ley que regule los clubes sociales de cannabis a nivel local. Por una parte para que no sirvan de tapadera y se atengan a la legalidad los clubes que se montan para traficar con marihuana. Por otra, para que aquellos clubes que cumplen al 100% con la normativa no se vean un día asaltados por la policía y su directiva acusada de tráfico de drogas o delito contra la salud pública. Regular consiste en saber a qué atenerse, y no estar a expuestos a los delirios de arbitrariedad.

En este caso que comentamos los ciudadanos que tenían el local eran guineanos que, según parece, estaban haciendo uso y abuso de las 180 plantas y 600 esquejes decomisados.

La Fiscalía pidió para ellos cinco años de prisión por tráfico de drogas y asociación ilícita. En el caso del presidente de la agrupación, un ciudadano caboverdiano, el Ministerio Público recordó que ya tenía antecedentes por delitos similares. Para él y para la tesorera, una ciudadana brasileña, reclamaba también la expulsión del país. El día del juicio, sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo por el que el presidente aceptaba ocho meses de prisión y 2.640 euros de multa y a sus dos socios se les imponían 6 meses de prisión y la misma cantidad como sanción. Para los tres se tenía en cuenta su adicción a los opiáceos. Las penas, sin embargo, fueron suspendidas, con la condición de que se sometieran a un tratamiento de deshabituación a las drogas. La expulsión del país se retiró. Tal y como se recoge en El Correo.