Pensilvania, cuna de la independencia, una de las trece colonias fundadoras del otrora imperio estadounidense, que hoy decae de la mano de un neofascismo que amenaza todos los rubros de la vida, incluidos los productos con THC. En este estado norteño fundado a finales de 1700 fue donde se elaboró la Constitución, tiene trece millones de habitantes, lo que lo hace densamente poblado. Su capital es Harrisburg, con apenas cincuenta mil personas, pero la ciudad más importante es Filadelfia o Philly para los amigos, y alberga a casi dos millones de habitantes. 

A pesar de ser gobernada por los demócratas, el estado es bastante retrógrado en cuestiones cannábicas. La distribución de 30 g o menos de marihuana sin compensación es un delito menor, castigable con treinta días de cárcel y una multa de hasta quinientos dólares. Es decir, pasar una china nos puede mandar al talego o por lo menos una multa, que dependerá de la localidad donde estemos. Poseer más de 30 g, aunque no vendamos, nos puede mandar desde un mes hasta un año a la cárcel, dependiendo del juez y las circunstancias del arresto. La venta de más de 30 g es un delito grave, entre dos años y medio y cinco de cárcel, y una multa de quince mil dólares. No se puede fumar marihuana legalmente en ningún lugar de Pensilvania, ni siquiera en residencias privadas. Solo algunos pacientes pueden ingerirla con autorización médica. Ya eran medio fascistas antes de la llegada de Trump, pues ahora el cannabis se usa como pretexto para encarcelar a la gente. 

Pero la lucha sigue y el condado de Reading ha puesto el ejemplo al resto del estado descriminalizando la posesión, y aunque no es una total legalización, es un paso adelante. Con la implementación de esta normativa, quienes porten hasta 30 g de marihuana deberán cubrir una sanción económica. En el caso de una primera infracción, se aplicará un cobro de cincuenta dólares, además, deberán inscribirse en un programa obligatorio de sesiones educativas o de tratamiento impartido por el Consejo sobre Abuso de Sustancias Químicas. En caso de una segunda falta, la penalización será de cien dólares y de ciento cincuenta si se trata de una tercera. Asimismo, el consumo de cannabis en espacios públicos implica una multa de ciento cincuenta dólares. 

Mientras tanto, el pasado mayo, los demócratas de la Cámara de Representantes estatal votaron a favor de legalizar el uso recreativo de la marihuana para adultos, con venta a través de tiendas estatales. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara con una votación de 102 a 101, tras horas de debate. Los partidarios del Proyecto de Ley 1200, patrocinado por Rick Krajewski (demócrata), afirmaron sobre este: “Crearía un mercado de productos de cannabis seguros, probados y regulados para los consumidores, que actualmente los compran en estados vecinos o a través de vendedores callejeros y tiendas de vapeo ‘cuasi-legales”. “La prohibición de la marihuana no ha funcionado… El statu quo es inaceptable”, declaró el líder de la mayoría de la Cámara, Matt Bradford (demócrata). 

Los republicanos se oponen a la ampliación del acceso, a lo que ellos hipócritamente llaman droga, ya que “puede tener graves consecuencias para la salud y la vida de los jóvenes cuando el estado ya está lidiando con una crisis de adicción”. 

Pensilvania legalizó el cannabis para uso medicinal en el 2016. La marihuana se puede recetar para veinticuatro afecciones médicas y, en el 2024, más de trescientas mil personas recibieron autorización para su uso, según el Departamento de Salud estatal. 

El gobernador demócrata Josh Shapiro incluyó un plan para legalizar y gravar la venta de marihuana recreativa en sus dos últimos presupuestos. Su propuesta estima que un impuesto del 20% sobre el precio de los productos de marihuana recreativa generaría 15.600.000 dólares, además de 11.400.000 adicionales en ingresos por impuestos sobre las ventas para el presupuesto 2025-26. 

El Proyecto de Ley 1200 proponía un impuesto del 12% sobre los productos de cannabis más un 6% de impuesto sobre las ventas. Los impuestos, las licencias y las ganancias bajo este sistema generarían más de mil cien millones de dólares entre el 2026 y el 2027. Permitiría a las personas mayores de veintiún años comprar y consumir una cantidad personal de marihuana, y a quienes paguen un permiso, cultivar hasta cuatro plantas. La Junta de Control de Licores de Pensilvania, que regula el alcohol y opera en las tiendas estatales de vinos y licores, sería responsable de la compra de productos y la operación de las tiendas de cannabis. 

Pero aún están lejos de cantar victoria, porque el Senado de Pensilvania, controlado por los republicanos, indicó que el proyecto de ley no pasaría la Cámara y, posteriormente, murió en comité, lo que significa que no avanzó para una votación en el pleno del Senado. Con la nueva prohibición de Trump sobre el THC, el futuro se ve negro en Philly.