Irán se halla en curso de sustituir la pena de muerte para los narcotraficantes por penas de entre veinticinco y treinta años de cárcel. La pena capital seguirá vigente para los traficantes armados, los cabecillas, quienes se valgan de menores para el tráfico e individuos sobre los que pese otra sentencia de muerte o penas de más de quince años de prisión.

Las autoridades del país insistieron en diversas ocasiones en la necesidad de la pena de muerte para los traficantes de la zona señalando, entre otras razones, la muerte de cuatro mil policías y soldados a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Organismos internacionales, como la ONU, alabaron en su momento la lucha contra las drogas en la República Islámica, en tanto Teherán denunciaba la falta de apoyo internacional. Irán comparte novecientos kilómetros de frontera con Afganistán, país que se convirtió en el mayor productor mundial de opio.

Por su parte, Tailandia y Myanmar sufren una epidemia de sida y hepatitis C que afecta especialmente a los usuarios de drogas inyectables y su entorno, algo que ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar una nueva política de salud pública que incluya medidas de reducción de riesgos tales como disponibilidad de materiales estériles, creación de lugares de asistencia a los drogodependientes y adopción de medidas para su integración social. Han empezado a implementarse tratamientos con metadona para los casos más graves, y las autoridades se plantean el abandono de las medidas más represivas, como, por ejemplo, las que buscan la abstinencia forzosa, que además de implicar un trato inhumano se muestran ineficaces. La pena de muerte sigue vigente en ambos países, aunque, en la práctica, no se está aplicando. Las consecuencias de la superpoblación penitenciaria son otro serio motivo de preocupación, por lo que las condenas y sus supuestos tienen tendencia a reducirse.

Durante el desarrollo de este proceso, las autoridades realizan consultas y campañas informativas entre una población a la que no le resulta fácil entender este cambio de posición tras cincuenta años de prohibición y tratamiento atroz a los consumidores de drogas. No puede olvidarse que Tailandia, entre el 2001 y el 2006, desarrolló una cruenta guerra contra las drogas, que supuso la aniquilación de miles de personas mediante ejecuciones extrajudiciales y sin que se produjera una reducción ni en el tráfico ni en el consumo.

Podemos afirmar que la tendencia general, incluso en los países más refractarios como China e Irán, por citar solo dos ejemplos, es hacia la implementación de políticas de prevención y de tratamientos de sustitución. Japón y Rusia mantienen un férreo prohibicionismo que, en el caso de ese último país, está generando graves problemas en lo relativo a la incidencia del sida y otras graves enfermedades infecciosas.