Han pasado 60 años desde que la Convención sobre Estupefacientes de 1961 incluyese al cannabis en su Lista IV de fiscalización internacional sin ningún aval científico que lo corroborara, una lista reservada para las sustancias más peligrosas. 

Después de muchas peticiones a la OMS (el órgano ejecutivo de la ONU en materia de sanidad) para que estudiara el tema, este organismo internacional en su primer estudio dedicado al cannabis desde su fundación sentenció que el cannabis debe salir de la lista IV y ser incluido en las listas de estupefacientes a un nivel que garantice su control, pero no impida el acceso a la sustancia para uso médico y de investigación. 

A principios del pasado mes de marzo la CND (el órgano ejecutivo de la ONU en materia de drogas) celebró la reunión anual en la que debería de haberse votado las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, su presidente declaró que se necesita más tiempo para aclarar las implicaciones y consecuencias de estas recomendaciones, así como el razonamiento en el que están fundamentadas. La declaración de posponer la votación se toma así, pese a haber tenido más de un año para el intercambio de preguntas y respuestas con los países que necesitaban aclarar las dudas que les seguían suscitando estas recomendaciones, un tiempo más que suficiente para haber solventado cualquier inquietud.

A pesar del secretismo sobre la postura final de la Comisión Europea, los 12 estados miembros con derecho a voto en la CND habían aprobado retirar el cannabis de la Lista IV, pero también solicitar un nuevo informe a la OMS para seguir analizando la conveniencia de desfiscalizar el cannabidiol (CBD). Parece ser que las farmacéuticas están presionando de cara a tener una posición privilegiada en el futuro negocio.

Debido a esta falta de acuerdo entre los países miembros, a última hora se consensuó nuevamente posponer el voto de estas recomendaciones de la OMS para principios de diciembre. Evitar el choque de las diferentes posturas es lo que se pretende con esta decisión que basa en el consenso la mayoría de sus decisiones.

Parece que China se opone rotundamente a cualquier cambio, como Rusia, que considera que una flexibilización solo conduciría a aumentar el abuso entre la juventud. Ambos países, por cierto, que deben de tener miedo a que el estado que proporciona el uso del cannabis provoque en la población un despertar de conciencia que aumente el espíritu crítico que pueda acabar con sus políticas de pueblos sumisos.

La alternativa pasa por desmarcarse de esa rígida interpretación de los convenios internacionales y aplicar políticas propias. En los últimos años, más de una treintena de estados han legislado sobre el acceso médico al cannabis y sus derivados. Paraguay es el próximo estado que regulará el cannabis medicinal.

En España, el Parlamento tiene sobre la mesa diversas propuestas para la regulación, pero por ahora solo se organizan reuniones entre expertos.