Por motivos electoralistas, la regulación del cannabis en España ha de hacerse a principios de legislatura. El ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, llegó a elaborar una proposición de ley al final de la anterior legislatura para abordar la regulación integral, reclamando la oportunidad para España de liderar la producción europea. Sin embargo, el proyecto aún no se ha propuesto al Consejo de Ministros y, por lo que parece, las ganancias seguirán por mucho tiempo sin beneficiar a nuestro país.
El nuevo gobierno ha otorgado una cuarta licencia para la producción de extractos de cannabis con fines médicos y otra vez recae en una empresa con matriz extranjera. Empresas con capital de Canadá, Inglaterra u Holanda, conocedoras del clima óptimo de la península ibérica, se enriquecen mientras se deniegan permisos a emprendedores nacionales, pues una de las condiciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) son los certificados de origen de las semillas. Estos certificados empiezan a darse con cuentagotas en países donde ya está regulado el mercado de cannabis, así que en España nos toca ver con vergüenza cómo a los creadores de variedades que abastecen el sistema público de dispensación de Uruguay o el programa de cannabis medicinal de Tailandia, cuyas genéticas también se incorporan a las variedades que Israel está utilizando como medicina, se les deniegan los permisos de producción y hasta de exportación, debido a que estas semillas son consideradas ilegales por carecer de “papeles”.
Además, hay empresas que comercializan productos de CBD con menos de un 0,2 % de THC, la cantidad máxima que puede tener la planta para no sufrir restricciones de la AEMPS. Como estas empresas carecen de permiso de producción compran el cannabis light en el extranjero, donde se produce legalmente, para distribuir en nuestras farmacias y estancos productos ricos en CBD. Y esto sucede mientras los agricultores autóctonos que están plantando cannabis light se encuentran con problemas para su comercialización con desagradables intervenciones policiales por no tener los permisos de la AEMPS. En España hay agricultores que llevan años investigando el crecimiento de la planta, lo que les ha permitido conseguir flores más desarrolladas con alto contenido en CBD y en terpenos, manteniendo las concentraciones lícitas de THC; plantas con grandes posibilidades industriales y hortícolas que gozan de gran reconocimiento tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.
No olvidemos que para cultivar cáñamo industrial dentro de la Comunidad Europea no es necesario ningún tipo de permiso, puesto que su cultivo es totalmente legal y mas aún desde que la OMS ha pedido retirar al CBD todas las restricciones. Ya la Convención Única de la ONU de 1961 decía que “no se aplicará al cultivo de la planta cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas (flores y frutos)”. La AEMPS no parece querer enterarse y obstaculiza el desarrollo de toda una industria, impidiendo los fines hortícolas del cannabis: para producir flor de cannabis hay que tener su permiso y, de momento, solo se lo da a empresas con capital extranjero.
Mientras el Gobierno tome sus decisiones por razones electoralistas parece que esta situación kafkiana seguirá.
