Mientras la Justicia en Pamplona ha reconocido como legal la actividad del club cannábico Le Club, la policía catalana ha intervenido el cultivo de la asociación Freya de Barcelona.
Según el juez, Le Club ya estaba inscrito a tal efecto, sus responsables se aseguraban de que todos eran adultos y consumidores previos, el cannabis era para uso personal y el consumo se realizaba en el propio local. La asociación Freya, comprometida con el código de buenas prácticas de la confederación de asociaciones cannábicas, también cumple con los requisitos por los cuales ha sido absuelto Le Club.
Este CSC tuvo hace años intervenciones policiales en sus cultivos y si aún dispensa cannabis es porque lo tiene, de sus plantaciones o conseguido a través de compras mancomunadas, y a pesar de ello la titular del juzgado nº 3 de Pamplona archiva la causa.
¿Por qué la policía ha estado investigando dos meses a Freya y manda un regimiento para su intervención? Un derroche innecesario de dinero público. Les habría bastado a la policía con preguntar, máxime cuando es en Cataluña donde hubo, por dos meses, la ley catalana de asociaciones cannábicas, una ley que preveía hasta 150 kilos como tenencia máxima de producción para un CSC.
Está claro que es imposible, con la legislación actual, que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) dé permisos a una asociación cannábica para el cultivo de cannabis porque, aunque reconozca el derecho que se tiene de acceder lícitamente al objeto de consumo, este permiso no está reconocido en el ordenamiento jurídico.
Debido a las intervenciones policiales y a las de las mafias, las asociaciones están dejando de producir su propio cannabis, viéndose obligadas a volver al mercado negro para autoabastecerse. Una contradicción con la idea inicial en la que se basaban los CSC de producir cultivos colectivos para un uso personal, un cultivo con “luz y taquígrafos”. Si antes el mercado negro español abastecía al consumidor, ahora abastece a las asociaciones y a media Europa. Más demanda para los productores, un nicho de negocio suculento en el que se han introducido las mafias, multiplicándose los robos con violencia, corrompiendo a la policía y poniendo sobre la mesa las primeras muertes. ¿Hasta cuándo va a seguir este despropósito?
Si hasta hace poco creíamos que el problema para una regulación era la derecha rancia, ahora ya sabemos que el problema está en el PSOE, donde ni siquiera se creen las ventajas de una regulación del cannabis medicinal, dicen desde el Ministerio de Sanidad que por falta de “evidencias científicas”, a despecho de la demanda de los que sienten en su piel los beneficios de su uso, como no dejaba de proclamar el recientemente fallecido Eduardo Van den Eynde, parlamentario cántabro del Partido Popular, uno de los pocos políticos que apostó públicamente por la regulación del cannabis.
Mientras el líder del PSOE solo sepa sonreír cuando su vicepresidente le propone una regulación integral del cannabis esta no prosperará, y las incoherencias y el crecimiento de las mafias seguirán complicando la situación.
