El pasado mes de octubre el movimiento antiprohibicionista cannábico volvió a comparecer ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema las Adicciones. Han pasado veintiún años desde que por primera vez los usuarios de cannabis expusieran a sus señorías los problemas derivados del uso de una planta cuyo mercado está prohibido. En esta ocasión, ha sido Patricia Amiguet, portavoz de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas, quien animó a los legisladores a ser valientes para regular una actividad que cuenta con una clara demanda social, para “ordenar algo que ya está, que ya existe y que ya funciona”.
De esta forma, Amiguet expuso la necesidad de una regulación que garantice la seguridad jurídica; el cese de la criminalización para autocultivadores, grow shops, productores de semillas y clubes sociales de cannabis (CSC); que se reconozca el derecho al cultivo individual y colectivo, así como el funcionamiento regulado, y siempre bajo criterios de salud, de los circuitos de abastecimiento. “La regulación del autocultivo y de las asociaciones cannábicas es posible y está en sus manos [...] es una simple cuestión de voluntad y valentía política”, concluyó.
Como ya sabemos, legislar sobre autocultivo y CSC no perjudica los compromisos en materia de estupefacientes contraídos por España en el ámbito internacional, tal y como demuestra la experiencia de otros países que han emprendido esta senda con éxito.
El discurso de la derecha es conocido, siempre con sus manidos eslóganes de que “la droga mata” y su alarmista cantinela de que “aumentará el consumo entre los niños”. Lo que sorprende es la posición del PSOE al rechazar el discurso cannábico con evasivas, como las esgrimidas por su portavoz en la Comisión, Daniel Viondi: “No somos unos prohibicionistas que venimos a reventar nada, somos personas que escuchan a quienes tienen una opinión distinta”. También resulta demagógico excusarse como hacen en la falta de consenso, asegurando que no existe una mayoría de población que acepte el cannabis lúdico.
Viondi llegó a decir con impostado tono dramático que “con las adicciones con sustancia tenemos un problema serio en este país. Yo pienso en las próximas generaciones, en mis hijos y los hijos de quienes están aquí, y estoy seguro de que nadie le daríamos un porro a chavales de 14 años, porque todos somos conscientes de que eso genera una adicción y es un problema para la adolescencia”. ¿En qué mundo vive el señor Viondi? ¿No sabe que es precisamente la falta de regulación la que permite a los adolescentes un acceso sin control a todo tipo de sustancias?
Amiguet respondió en este sentido que las asociaciones previenen el acceso de los adolescentes al cannabis y que “el consumo temprano se controla mejor en un sistema de accesos regulados”. Así mismo, instó al PSOE “a desgranar los datos del CIS por partidos, para darse cuenta de que sus votantes están a favor de la regulación del cannabis”, pidiendo al principal partido del Gobierno atreverse a consultar la decisión a sus bases. Bien le haría al PSOE hacer caso de estas recomendaciones, desligarse de la derecha y sumarse a las fuerzas progresistas en favor de la regulación del cannabis, es decir, en defensa de los derechos humanos y la salud pública.
