Desde el comienzo de esta revuelta reciente –desde el 21 de noviembre de 2019–, las organizaciones de la coalición de “Acciones para el Cambio hacia una política de drogas más efectiva” y de RAISSS Colombia, entre otras, radicaron una comunicación ante el Comité Nacional del Paro, pidiendo incluir la política de drogas en el pliego de peticiones, o al menos en los debates, arengas y reclamaciones para pedir cambios y dialogar con el Gobierno. Llegó la pandemia y, así como no se pudieron reactivar las movilizaciones, tampoco se reactivó el tema de la discusión sobre la política de drogas.

Después del 28 de abril, a medida que avanzaba el paro, el tema de la política de drogas no se dejó ver en ninguna de las discusiones, y, sin embargo, las drogas y sus actores aparecieron en escena. Lo primero fue la critica al consumo de marihuana entre los marchantes y la presencia activa de la comunidad cannábica en las marchas, después fue la retención de una chiva de la minga indígena con varios kilos de marihuana y, por último, el señalamiento de narcotraficantes y paramilitares que desde camionetas blancas de lujo dispararon a los manifestantes en Cali y otras ciudades.

La presencia del tema de drogas demuestra una vez más que la mayoría de los colombianos no ven la política de guerra contra las drogas como un problema estructural del caos que vivimos, sino como un simple delito que ha corrompido todas las esferas de la sociedad. Tal es el punto de falta de comprensión del fenómeno que, entre los mismos manifestantes, empezó a tomar fuerza la acusación de que los consumidores de drogas no podían marchar, porque al consumir drogas financian el narcoestado, que para muchos es el tipo de gobierno que hoy nos lidera. Un argumento falaz que confunde a los usuarios de sustancias, principales víctimas y perseguidos en la guerra contra las drogas, con los beneficiarios y responsables de la misma.

La política de drogas ocupó un capítulo completo del acuerdo de paz que se llama “Solución al problema de las drogas Ilícitas”, es la principal razón por la que Colombia es uno de los países que más invierte dinero en recursos militares, es la gasolina que alimenta el conflicto rural donde asesinan a líderes indígenas

y campesinos en territorios de cultivo de coca, es, sin duda, uno de los principales motivos de maltrato a los jóvenes urbanos por parte de la fuerza pública, solo por el hecho de portar y consumir la dosis mínima que la Constitución protege pero que la policía no.

Si seguimos viendo la prohibición de las drogas como un tema aislado no arreglaremos nada. La guerra contra las drogas es uno de los cuatro problemas estructurales de Colombia (corrupción, desigualdad y pobreza son los otros tres). Mientras otros países comprueban que la regulación de las drogas disminuye

la violencia, aumenta la recaudación de impuestos y mejora la salud publica, nosotros seguimos poniendo los muertos.