Desde los comienzos de esta revista hemos diferenciado con tres nombres, según sean sus aplicaciones, a la planta Cannabis sativa. Así, la palabra marihuana la utilizamos cuando nos referimos a su versión psicoactiva, para uso lúdico; cannabis lo empleamos cuando se habla de medicina, tanto si contiene o no THC; y cáñamo es el nombre utilizado cuando nos referimos al uso industrial, sin psicoactividad.
Cada año vemos cómo se incrementan las intervenciones en plantaciones. Según datos policiales, solamente en Cataluña se han decomisado un 1200 % más de plantas de marihuana este pasado año en comparación con 2015. Estamos convencidos que en estos datos están incluidas las plantas de cáñamo industrial cultivadas para recolectar flor sin permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad (AEMPS), consideradas como marihuana por las fuerzas de seguridad.
Lo que no se entiende de muchas de estas intervenciones es que se lleven a cabo sin distinguir a organizaciones criminales de empresarios que, estando en algunos casos mal asesorados, no actúan con afán de delinquir. En Mataró, este pasado mes de agosto, una macrooperación con más de 150 agentes arrasó las naves para desmantelar una supuesta organización de tráfico de marihuana. Se trataba en realidad del negocio de cáñamo de un empresario que nunca quiso esconderse, como prueba que la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra estuvieran al tanto, al haber revisado la documentación y realizado pruebas para comprobar si las plantas superaban el 0,2 % de THC permitido, límite a partir del cual se consideran psicoactivas. Estamos hablando de un negocio que tenía un contrato con una gran empresa con sede en Luxemburgo para la distribución de CBD por toda Europa. Todas estas circunstancias no sirvieron para parar una llamativa y mediática operación, a todas luces abusiva, contra el tráfico de “marihuana”.
Para la policía cualquier cultivo de flor de Cannabis sativa necesita un permiso de la AEMPS para no ser considerado marihuana, aunque las flores no tengan psicoactividad y vayan destinadas a países europeos como Austria, Suiza o Italia. Cultivos con semillas registradas de cáñamo industrial son considerados delictivos y sus empresarios tratados como traficantes de drogas.
La AEMPS ha cambiado de opinión. Si en 2004 mantenía que una planta con una concentración del 0,2 % de THC “no debe considerarse incluida en las Listas I y IV del Convenio sobre sustancias estupefacientes” y, por tanto, no debe ser fiscalizada y perseguida, ahora, con el apoyo de la Fiscalía, interpreta que cualquier sumidad florida de la planta de cáñamo es droga. Esta nueva consideración entra en conflicto con algunas de las leyes españolas y con la declaración emitida por la Comisión Europea, en la que se afirma que el CBD no es un narcótico. En este sentido, varios tribunales españoles han dado ya la razón a empresas de cáñamo industrial y CBD a las que la policía les había intervenido sus plantas.
Esta política represiva y sin distinción hacia todas las versiones de la planta, como toda política a contracorriente de la evolución social, está llena de contradicciones y de incongruencias difíciles de entender. Este mismo mes de octubre se celebrará en Barcelona la CBD Hemp Business Fair, la primera feria española de la planta enfocada al CBD y al cáñamo industrial, y en la que participarán más de una treintena de empresas españolas y otras tantas internacionales.
