A finales del pasado noviembre, Unidas Podemos (UP) convocó al sector cannábico en el Parlamento para presentar su ley integral del cannabis y “socializarla”. Participaron representantes de federaciones de clubs, proyectos de investigación, fundaciones, asociaciones empresariales y otros colectivos. Hubo críticas a aspectos de la ley en los que las asociaciones de consumidores de cannabis, el movimiento feminista o los empresarios no veían del todo reconocidas sus reivindicaciones. Por una pregunta de Cáñamo se supo que, debido al cupo para presentar leyes que tiene pactado UP con el PSOE, y a las prioridades políticas de la formación morada, hasta el segundo semestre de este año 2022 no está previsto presentar en el Parlamento la propuesta de ley. Se cuenta entonces con medio año para mejorar dicha propuesta y conseguir una mayoría parlamentaria que cambie la correlacion de fuerzas y ponga al PSOE a favor de la regulación. Si no es así, todo habrá quedado en un brindis al sol.
El PSOE tiene tiempo suficiente para darse cuenta de la importancia de un cambio que ya está en marcha en varios países europeos. Suiza ya permite ensayos piloto de dispensación de cannabis con fines no medicinales, Alemania quiere introducir la distribución controlada de cannabis a adultos con fines recreativos en tiendas autorizadas, en Malta hay en marcha un proyecto de regulación al que solo le falta un voto para su aprobación definitiva y el Gobierno de Luxemburgo ha publicado ya un dossier informativo sobre las líneas que seguirá su futura ley de regulación del cannabis para adultos.
Mientras tanto, el PSOE y Unidas Podemos firmaron el acuerdo para la derogación parcial de la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley aprobada en solitario por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015, cuando contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Ahora que el PSOE ha decidido desbloquear la reforma de esta ley podríamos ver mejorada en algo la situacion que estamos viviendo como usuarios de una sustancia a la espera de su regulación.
Entre otros cambios se pretende que las diligencias de identificación, registro y comprobación practicada por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen que ser motivadas. “El atestado policial perderá la presunción de veracidad si los hechos consignados por los agentes no resultan coherentes, lógicos o razonables”. Esperemos que esta reforma evite los registros indiscriminados –motivados, por ejemplo, por el aspecto– a la busca de una dosis de consumo personal, ahora que la tenencia ilícita –toda “tenencia” en lugares públicos seguirá siendo ilícita– parece que va a pasar de infracción grave, como está en la actualidad, a leve, con la consiguiente reducción de la multa administrativa.
La derecha y la ultraderecha han lanzado improperios contra el Gobierno por estas reformas de la Ley Mordaza. Han llegado, por ejemplo, a decir que deja vendidos a los policías frente a los delincuentes al comprometerse el principio de autoridad de estos, y todo porque deja de ser delito “la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”.
No sabemos cuánto tardará en llegar la regulación, pero a ver si se consigue en esta legislatura acabar por lo menos con los abusos policiales.
