Hablar del fracaso de la guerra contra las drogas y de que sus pobres resultados no se justifican con las exorbitantes inversiones realizadas se ha vuelto un lugar común. Muchos vienen planteando desde hace años la urgencia de “cambiar de estrategia”, como dijo el mismo expresidente Juan Manuel Santos en la ONU en el año 2016, cuando se evaluaron las políticas de drogas de la última década. No obstante, a la hora de plantear soluciones la voz baja, el pesimismo se impone y muchas de las buenas propuestas se reducen a paños de agua tibia que terminan haciendo tanto daño como el problema que pretenden resolver.

Desde hace varios años se venía escuchando cada vez con más fuerza en los pasillos de la CND en Viena, en la Casa de Nariño (sede del presidente colombiano), en el mismo Congreso de la Republica de Colombia, incluso en algunas instituciones de Estados Unidos, esa pregunta inevitable: ¿Y por qué no legalizan la cocaína? Convertir esta conversación de pasillo en todo un proyecto de ley que ponga sobre la mesa el debate no es tarea fácil, por su alto coste político, por la oposición de los tradicionales defensores de la guerra contra las drogas y también por el fuego amigo de los pesimistas al cambio y los celosos de no haber tenido la valentía y el respaldo político para atreverse a plantearlo primero.

Quizás por eso la propuesta la presentó el senador Iván Marulanda, un pereirano de 74 años, economista y político del Partido Verde que fundó el Nuevo Liberalismo en los años ochenta con Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, asesinados por el narcotráfico. Iván Marulanda no hace cálculos políticos, es de esos pocos congresistas que ya está más allá del bien y del mal, un señor muy decente y educado para tratar a sus colegas y enérgico para plantear sus inconformidades. Suyo fue uno de los discursos sobre la reforma tributaria más compartidos en internet a finales de 2019. Iván sabe lo que es ir en contra de la corriente, como también sabe lo que son las reformas de largo aliento. En la memoria queda cuando se atrevió a hablar del aborto como parte de la Constitución de 1991, en una época donde la única garantía por proponer esto era ser excomulgado por la iglesia católica.

Si le preguntamos a Iván Marulanda cómo se le ocurrió la idea de presentar este proyecto de ley para la regulación de la coca y la cocaína responde contando parte de su trayectoria política: “A principios de los años ochenta, cuando observamos que llegaron fuerzas oscuras del narcotráfico, fuerzas mafiosas que llegaron a tomarse esta nación, a tomar el poder político, el mundo de los negocios, y a esclavizar la sociedad, no solamente con su dinero, sino con su capacidad enorme de terrorismo y de violencia. Hicieron un baño de sangre, fuimos víctimas por hacerles frente… y desde ese momento empecé a pensar que el camino en el que estaba enrumbado era un camino equivocado. Estábamos enfrentando en solitario una fuerza muy poderosa, bajo la complicidad de la corrupción política. Desde entonces he venido pensando en este tema, buscando caminos diferentes. Luego, cuando fui embajador de Colombia ante la agencia de Naciones Unidas en Roma, tuve la oportunidad de conocer la experiencia italiana y el pensamiento de fuerzas progresistas europeas sobre la mitigación del daño, los derechos humanos o la salud publica para enfrentar este problema, desde entonces consolidé más las ideas hasta llegar a este proyecto de ley”.

El tema se empezó a calentar en el año 2016 cuando la Corporación Acción Técnica Social lanzó la campaña internacional #CocaReguladaPazGarantizada. Un muro de ochenta metros de largo en el centro de Bogotá plasmó en enormes letras el eslogan y más tarde, en la UNGASS 2016 –la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas–, formando parte de la delegación de la sociedad civil más grande de las presentes, solicitaron abrir el diálogo sobre la regulación de la cocaína. Entre el año 2017 y 2018 se realizó el “Estudio Prospectivo y de Política Pública Anticipatoria para la Regulación de la Cocaína en el año 2034” con la Universidad Externado de Colombia, que marcó la ruta de oportunidades y riesgos para lograr ese objetivo que claramente indicaba que había que pasar del debate de lo técnico y los pasillos al plano legislativo y político.

La decisión política de presentar el proyecto de ley la masticó durante meses el senador Marulanda, hasta que en septiembre del año pasado dio la orden a su joven equipo de UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) para redactar el proyecto de ley. El liderazgo de la misión la tomó Lorenzo Uribe, un economista y politólogo de 29 años, riguroso, medio huraño y un tanto pesimista sobre el proyecto. El convencimiento de Lorenzo Uribe fue madurando, en la medida en que consultó con organizaciones internacionales en México, Holanda, Estados Unidos e Inglaterra, organizaciones campesinas, indígenas, sociales, académicas, cultivadores de coca, consumidores de cocaína, “expertos” y “no expertos”. Lorenzo sostiene que lo más difícil de escribir el proyecto de ley fue “encontrar la manera de regular en el territorio nacional sabiendo que la demanda ilegal a nivel internacional iba a mantener el mercado ilegal. Fue difícil armarlo, complejo, satisfactorio y muy enriquecedor el diálogo con las comunidades indígenas y entender sus tiempos”.

Por qué hay que regular la coca y la cocaína

Con este proyecto de ley se busca regular el mercado doméstico de la hoja de coca y de sus derivados psicoactivos (cocaína) y no psicoactivos (bebidas, alimentos, cosméticos a base de la hoja de coca). Se busca en principio resolver un problema de violencia y pobreza del campo colombiano, abordando el fenómeno desde un enfoque de salud pública, basado en la reducción de riesgos y daños y con respeto a los derechos humanos. La propuesta busca quitarle el control del mercado de la coca a las estructuras criminales y así reducir los daños asociados al narcotráfico: violencia, hacinamiento carcelario, corrupción, violación de los derechos de los cultivadores y de los consumidores, deforestación, desconfianza en el Estado, entre otros.

Según los autores, y las personas sensatas, la política prohibicionista no ha logrado obtener los resultados que se propuso cuando se adoptó varias décadas atrás. Los problemas de los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y el consumo de drogas se han agudizado y sus consecuencias adversas son cada vez más destructivas e inmanejables para el Estado y la sociedad colombiana. Prueba del fracaso del enfoque prohibicionista actual es que:

El consumo de cocaína ha aumentado: en Estados Unidos, el consumo de cocaína pasó del 2,2 % en 2010 al 2,7 % en 2018.

La cantidad de cocaína producida ha aumentado: el potencial de producción de cocaína de calidad de exportación pasó de 400 toneladas métricas en 2008 a 887 en 2018, un aumento de más del 120 %.

La pureza de la cocaína ha aumentado: en Estados Unidos el porcentaje de pureza pasó del 46,4 % en 2013 al 64,3 % en el 2017.

El precio de la cocaína se ha mantenido relativamente estable: entre 2007 y 2017, el precio al por menor por gramo en Estados Unidos pasó de 82 a 96 dólares.

La erradicación de cultivos solo los desplaza hacia otras regiones. Los costos que se han invertido a lo largo de décadas para la erradicación de cultivos de coca no son proporcionales a los resultados obtenidos. Entre 2005 y 2014 se invirtieron 8,8 billones de pesos al año para la erradicación de cultivos de coca, más de cinco veces el presupuesto anual de todo el sector agrícola. Sin embargo, el número de hectáreas de coca cultivadas en 2015 (90.000 hectáreas) era superior al número de hectáreas cultivadas en 2005 (86.000 hectáreas). Asperjar una hectárea de coca cuesta 72 millones de pesos y para erradicar una hectárea, se deben asperjar cerca de 30 hectáreas.

Entre las principales consecuencias de la guerra contra las drogas en Colombia, podemos decir que es uno de los principales factores de violencia, se estima que en Colombia el narcotráfico causó la muerte de 3800 personas en 2008. Es además una guerra extremadamente costosa, se estima que en los primeros 15 años de este siglo, Colombia, con financiación parcial del Gobierno de Estados Unidos, ha invertido cerca de 1200 millones de dólares por año para combatir la producción y tráfico de drogas y desarticular las organizaciones criminales vinculadas a este negocio. Por no hablar del deterioro del medio ambiente. En 2017, el 24 % de las áreas deforestadas en el país se relacionó con cultivos de coca. En 2018, había 7844 hectáreas de cultivo de coca en Parques Nacionales Naturales del país. Esta guerra contra las drogas afecta al territorio, la cultura y la pervivencia de los pueblos y comunidades étnicas. Las condiciones estructurales de exclusión y las dinámicas propias de la ilegalidad, favorecen la penetración de las economías cocaleras en territorios de las comunidades étnicas, que suelen tener menos presencia estatal, estar aisladas de los ejes de comunicación, o carecer de la red de infraestructuras de transporte para el desarrollo rentable de otras actividades económicas. Las comunidades indígenas y afro que habitan las zonas productoras y los corredores de tránsito, sufren los impactos del tráfico ilícito y la desmesurada política antinarcóticos en todos los ámbitos de vida: se afecta la sostenibilidad alimentaria y el equilibrio ecológico del territorio, las redes criminales imponen poderes de facto en desmedro de la autonomía de las comunidades, y se incrementa la militarización y la violencia. La política antinarcóticos del país también incrimina a los pueblos indígenas en cuyos resguardos hay plantaciones de coca, y estigmatiza una planta de profundo sentido ritual y cultural.

Las terribles consecuencias y sus reiterados fracasos no impiden que una tupida red de intereses creados defienda la continuidad de esta guerra contra las drogas y reaccionen ante iniciativas como esta propuesta de ley y el debate social que está generando. Para Iván Marulanda “las fuerzas reaccionarias van a salir a flote en el transcurso del debate, por el momento estan observado la reaccion de la gente, los alcances del debate, y estan preparando su reacción que seguramente va a ser potente, pero de todas maneras yo siento que es menos fuerte de lo que estábamos esperando, yo estaba esperando una catarata de dogmatismo, de condenas, de amedrentamientos a la opinión pública y al propio Congreso, pero no, yo siento que estan más cuidados y cautelosos, viendo precisamente la reacción positiva que ha tenido el proyecto”.

¿Cuáles son los beneficios de regular la hoja de coca y sus derivados?

Si se regula, es muy probable que la violencia, el cultivo en zonas protegidas y la infiltración del narcotráfico en la política y las instituciones disminuyan. Se podrían mejorar las condiciones de vida en las zonas cocaleras sin que estas sigan expuestas a las amenazas de grupos armados. El Estado podría utilizar los recursos recaudados del mercado regulado en la prevención y mitigación del daño asociado al consumo y en la investigación. Se reducirían las distorsiones causadas por los flujos financieros ilegales en la economía. Se recuperaría la confianza en el Estado en las zonas históricamente más afectadas por el narcotráfico. El Estado podría implementar las políticas necesarias para reducir y mitigar los daños asociados al consumo problemático de sustancias psicoactivas.

La salud de los consumidores de drogas dejaría de estar en las manos de organizaciones criminales y pasaría a estar bajo el control y la supervisión del Estado. Se podría fomentar la comercialización de productos a base de hoja de coca, como tés, harinas y bebidas energizantes, cuyos ingresos beneficiarían directamente a las zonas productoras de hoja de coca. Se podría promover la investigación sobre las propiedades medicinales de la hoja de coca. Se podría salvaguardar adecuadamente el patrimonio cultural de los pueblos indígenas sobre la planta de coca y fomentar las economías comunitarias. Se reduciría el hacinamiento carcelario. Se podría tener una política exterior con una agenda más diversa y menos dependiente de los intereses de los gobiernos extranjeros. Se contribuiría a disminuir la deforestación.

El proyecto de ley contempla la regulación de los derivados psicoactivos y no psicoactivos, éstos últimos más asociados a los usos nutricionales, industriales y medicinales estarían regidos por las normas dispuestas para la elaboración y comercialización que ya existen de estos productos. En cuanto a los derivados psicoactivos, especialmente la cocaína, sería muy similar al modelo de explotación de la marihuana en Colombia, pues el Estado, de manera directa o a través de terceros mediante licencias, autorizaría el cultivo de hojas de coca, solo en territorios que ya estén censados por las Naciones Unidas en el marco del proceso de paz como parte del proyecto de sustitución de cultivos. Se promoverían la creación de cooperativas de campesinos que puedan vender la hoja de coca al precio del mercado ilegal a empresas que tengan licencia de transformación de hoja de coca a cocaína. Las personas consumidoras podrían acceder a cocaína previa valoración por el cuerpo médico, quien los clasificará como consumidores recreativos y/o problemáticos y fijará una cuota semanal o mensual para su acceso de forma legal.

El proyecto también describe los posibles caminos para regular la cocaína interpretando los tratados internacionales. Como ya lo han hecho Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Uruguay con la marihuana, la actuación con respecto a los tratados internacionales de fiscalización de drogas puede ir desde ignorarlos de manera respetuosa, retirarse de ellos e ingresar con salvedades o también hacer tratados entre pequeños grupos de países. Las opciones son varias, lo que hace falta es voluntad política para tomar la decisión. Contrario a otros proyectos de ley que pretenden reformar puntualmente la constitución, este proyecto busca desarrollarla en nuevos aspectos y, a la vez, generar un cambio en la opinión pública que haga regresar el sentido común a las políticas de drogas.

Iván Marulanda sabe que el cambio no será inmediato, para él “no es un tema de momentos, es un tema difícil, que va necesitar un tiempo en la formación de la conciencia popular, sobre la necesidad de dar este viraje hacia la regulación de la hoja de coca y sus derivados, entre ellos la cocaína. Es un proceso de información, de reflexión, pero va a ser más corto de lo que yo pensaba, porque las reacciones que he encontrado han sido bastante positivas, bastante alentadoras. No solo en la sociedad y la comunidad, o en los medios de comunicación, también en el propio congreso se ha recibido la propuesta del proyecto de ley con respeto y con mucho interés”.

Posibles mejoras del proyecto de Ley

Como viene siendo habitual en los últimos años ante iniciativas como esta, los prohibicionistas que apoyan la guerra contra las drogas, el gobierno nacional y los partidos más conservadores no se han manifestado. Tal vez ellos mismos saben que esta guerra es insostenible, de ahí que la estrategia del gobierno haya sido no entrar en el debate y hacer como si no existiera la propuesta mientras impulsa la continuidad de las fumigaciones con glifosato de los cultivos de coca. Las criticas del lado de los reformistas y progresistas han sido constructivas, no obstante, sorprende que un hombre como Rafael Pardo, quién ha escrito el libro de drogas más mediocre de los últimos veinte años en Colombia, se atreva a decir que “A esta propuesta le faltan varios hervores”. Su explicación es un buen ejemplo de una crítica infundada, cuando opina que la propuesta “Debe tener una base científica más sólida. Algo va de la coca a la cocaína. Ignora el bazuco. Los tratamientos para dejar la cocaína no están bien estudiados aún. Dicho esto, el proyecto de ley en curso no hace un planteamiento válido ni completo”, una opinión en la que demuestra que no leyó la exposición de motivos del proyecto en los que, en cuatro páginas, hay más evidencia científica que en todo su libro.

El proyecto podría mejorar, sin duda, en la fase del debate y, una vez se haga la ponencia, en relación a qué hacer con los narcotraficantes hoy en día, cómo va a ser la justicia transicional para ellos, la amnistía, etc. Tal y como paso con el tema de la marihuana, los narcotraficantes son empresarios ilegales que podrían pasar a ser respetados inversionistas en la legalidad. Obviamente la revisión de condenas solo será sobre delitos de narcotráfico y no de homicidios, violencia, desplazamientos, etcétera. Se trata de asegurar una transición pacifica de los narcotraficantes a la vida civil, a eso nos referimos con la necesidad de concretar una justicia transicional.

Por otro lado, está efectivamente el tema del bazuco, que fue obviado de manera voluntaria por los escritores del proyecto debido a que no es un producto final sino una parte del proceso altamente dañino. Habrá en la próxima fase del proyecto de ley que integrar el tema del bazuco, así como tratamientos adecuados, salas de consumo supervisado y otras medidas necesarias para la reducción de daños. De la misma manera tocará reflexionar sobre la idea de comprar toda la producción de la hoja de coca y seguramente en las próximas fases será necesario realizar audiencias, eventos nacionales e internacionales, debates de todo tipo que amplíen la participación de más actores en la construcción y mejora de este proyecto. De lo que no hay duda es que con esta iniciativa Colombia y el mundo tienen la oportunidad de solucionar con sentido común un problema que lleva décadas sumando muertos e innumerables sufrimientos a la población. Es un decidido primer paso hacia la salida del túnel.

Como concluye Iván Marulanda: “Es muy probable que en esta legislatura el proyecto de ley no salga adelante, pero en las próximas elecciones la ciudadanía le va a preguntar a los políticos qué piensan del tema y seguramente el país va a elegir mayoritariamente a personas que quieran y que estén dispuestos a probar esta ley para regular la hoja de coca y sus derivados. Tenemos que inscribir a Colombia en este nuevo régimen y en esta nueva comprensión del problema. A más tardar en el próximo periodo presidencial y en el próximo periodo legislativo, podamos empezar a pensar que este baño de sangre y esta corruptela en la que nos ha metido el narcotráfico se va a acabar y que la criminalización y la guerra contra las drogas van a pasar a la historia como un pésimo recuerdo para la sociedad. Se trata de empezar a trabajar en un sentido positivo de respeto a los derechos humanos, intentar manejar las cosas sin tanta tragedia, sin tanto terror y sin tanta destrucción”.