Durante la mañana de hoy, un grupo de parlamentarios chilenos presentaron un proyecto de ley para regular el acceso de cannabis para uso adulto en la Cámara de Diputados. En el país sudamericano ya existe una normativa que permite el autocultivo de marihuana y tenencia para fines medicinales, pero esta iniciativa pretende ampliar los derechos de la ciudadanía estableciendo las reglas para la producción personal, la tenencia y el consumo de los derivados de la planta para las personas mayores de edad.

Entre alguno de los puntos más importantes de la iniciativa se encuentran que, en caso de aprobarse, se permitiría el autocultivo de cannabis hasta seis plantas florecidas y el cultivo colectivo con un límite de 500 personas asociadas a una organización sin fines de lucro. También se habilitaría la tenencia máxima de 40 gramos de flores y un almacenamiento de 800 gramos anuales por persona, aunque el consumo estaría prohibido en espacios públicos. Además, este proyecto de legalización del uso adulto del cannabis prevé la realización de campañas públicas orientadas a la población adolescente para prevenir consumos problemáticos. 

La diputada Ana María Gazmuri, histórica activista chilena por el acceso al cannabis, fue la encargada de presentar la iniciativa junto a la bancada transversal de partidos políticos de “Regulación por la Paz”. “El proyecto es un paso natural después de lo que logramos con la norma medicinal en un contexto de criminalización, siempre partiendo de la base de querer proteger a los usuarios”, dijo Gazmuri sobre la ley que permite el autocultivo y tenencia de cannabis para aquellos que cuenten con una prescripción médica. “Había que mejorarlo porque no se frenó la persecución policial. No es una legalización completa, pero garantiza el acceso mediante el cultivo personal y colectivo”, aseguró la diputada, en diálogo con Cáñamo.

Si bien Gazmuri dijo que “será un proceso largo” hasta que el recinto pueda tratar el proyecto, “la presentación es el primer paso”. Además, no es un dato menor que, este año, los chilenos y chilenas volverán a acudir a las urnas no solo para elegir un nuevo Presidente, sino también para renovar las bancas de los diputados. “Somos un país con una profunda cultura cannábica y, por lo tanto, hay una gran parte de la población que siente esto como un tema gravitante en su vida. Es momento que la ciudadanía le exijan a sus parlamentarios que se definan en esta materia”, aseguró Gazmuri. 

Hay varios diputados que acompañan la iniciativa por regular el acceso al cannabis para uso adulto. Uno de ellos es Jorge Brito, perteneciente al oficialismo del Frente Amplio. “Este proyecto nos permite ponernos al día con estándares internacionales. Países como Uruguay, Canadá y Alemania ya han demostrado que regular el cannabis no solo protege a los usuarios, sino que también reduce el mercado ilegal y permite que el Estado enfoque sus recursos en perseguir delitos realmente graves”, aseguró.

Otro aspecto interesante del proyecto de ley es que en su elaboración participaron unas 55 organizaciones civiles dedicadas al activismo cannábico y la reducción de daños en el uso de sustancias. Una de ellas fue MuyPaola, una de las activistas más reconocidas de Chile. “Es fundamental que la sociedad civil sea parte de este proceso, porque somos quienes vivimos esta realidad y conocemos sus complejidades. Una ley escrita sin esa experiencia, como ocurrió con la 20.000, corre el riesgo de volver a fallar al no entender lo que busca regular. Este proyecto reconoce una realidad que ya existe y abre paso a una política más justa, segura y humana.”, aseguró en diálogo con Cáñamo.

El actual presidente Gabriel Boric se había comprometido a terminar la Guerra contra las drogas y avanzar hacia una regulación integral del cannabis. Pero para MuyPaola “hay una promesa pendiente con la comunidad cannábica”. “El balance de estos años es negativo: a pesar de los avances legales, los fiscales siguen persiguiendo a usuarios y cultivadores como si fueran delincuentes. La ley permite el autocultivo medicinal, pero no se ha traducido en garantías reales. Faltan protocolos claros para policías y fiscalías, y mientras eso no cambie, se seguirán desperdiciando recursos públicos, violando derechos humanos y afectando la salud mental y física de miles de personas. La urgencia está instalada, lo que falta es voluntad política”, sostuvo la activista. 

Por eso, se busca que esta iniciativa para ampliar los derechos de acceso a los derivados de la planta agite el tablero político en Chile durante un año de elecciones que se espera intenso, después de la primera administración de izquierda desde el golpe de estado a Salvador Allende, en 1973