Las comunidades indígenas siempre han sido una de las más reacias al cambio de la política de drogas. Sin tomar el toro por los cachos, a menudo se han concentrado en expulsar de sus territorios al narcotráfico o permitir una convivencia con él como una opción laborar para algunas comunidades empobrecidas o por imposición de grupos armados que así lo exigen.

Sin embargo, la escalada de violencia del último año tiene una relación directa, según ellos, con el rearme de las disidencias del proceso de paz con las FARC, la llegada de narcos mexicanos, las disputas territoriales con grupos armados colombianos y la corrupción de las fuerzas militares, todo esto para controlar cerca del 70% del mercado de marihuana que puede existir en el norte del Cauca (en la imagen), cuyo total en Colombia, según cálculos del Gobierno, es de aproximadamente 1.000 toneladas. 

Con un sorprendente giro en su posición, desbordados por la violencia que viven y alineándose con la tendencia internacional, el 19 de noviembre los indígenas representados en la ONIC, CRIC y ACIN solicitaron a la Comisión Primera del Senado “Regular el uso adulto del cannabis” como una propuesta dirigida a cesar la violencia en los territorios del Norte del Cauca y otras regiones del país. “Mientras no regulemos responsablemente estos cultivos, el mercado del cannabis seguirá siendo controlado por mafias ilegales que generan violencia y matan nuestra gente. Por tanto, le solicitamos que esta iniciativa de la Alianza Interpartidista por la Reforma de Política de Drogas sea discutida.”