Los líderes indígenas de Canadá están pidiendo al Gobierno del país que enmiende la ley que en 2018 legalizó y reguló la producción y venta comercial de cannabis. El Consejo de Líderes de las Primeras Naciones (FNLC) ha emitido un comunicado en el que solicitan una modificación de la ley para permitir una mayor participación de las comunidades indígenas en la industria, ya que actualmente están infrarrepresentadas y apenas tienen capacidad de acceder por los elevados costes de entrada.
De las 755 compañías de cannabis autorizadas por el Gobierno canadiense, solo seis estaban en una comunidad indígena a finales del año pasado, esto es, el 0,8% del total de licencias, afirman los datos de MJ Biz Daily. Y sólo el 0,7% de las tiendas de cannabis estaban en territorios reconocidos como originarios de los indígenas. Estos territorios están reconocidos por el Gobierno como zonas habitadas por los antepasados de los actuales indígenas de forma tradicional, y en ellos se aplican formas de autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas, que cohabitan con las leyes del gobierno federal y de cada província.
“Las Primeras Naciones tienen derechos y jurisdicción inherentes para gobernar el cultivo, procesamiento, venta y consumo de cannabis en sus territorios”, dijo la FNLC en su comunicado. “A pesar de la defensa persistente, los gobiernos coloniales ignoraron los derechos distintivos y las necesidades únicas de las Primeras Naciones durante la legalización del cannabis”, expresó el consejo de indígenas, haciendo incapié en que las empresas pertenecientes a pueblos de las Primeras Naciones se enfrentan a “impuestos excesivos y regulaciones onerosas” que impiden su plena participación en la industria del cannabis.
Según MJBi Daily, el FNLC quiere que el Gobierno federal enmiende la ley para modificar aspectos relacionados con la jurisdicción, el desarrollo económico, los impuestos, la participación en los ingresos, la salud y la seguridad. El consejo de indígenas también ha pedido a la provincia de Columbia Británica que continúe con su proceso de consulta y coordinación con los indígenas para alinear las leyes del cannabis de la provincia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
