El juez dictó la sentencia de absolución porque la policía recabó de manera ilegal las pruebas con las que solicitó la orden judicial para intervenir la casa. El hombre, que llevaba un año en prisión, fue absuelto del delito contra la salud pública por el que había sido detenida e inmediatamente fue puesto en libertad. 

Según ha publicado el Diario de Cádiz, la policía se presentó en el chalet del cultivador haciéndose pasar por técnicos de una empresa eléctrica y solicitaron la entrada en la casa a la mujer de este. Una vez dentro los policías aprovecharon para recoger pruebas que demostraban un delito de defraudación del fluido eléctrico y tomaron fotografías de la zona en la que se ocultaban las plantas. No fue hasta dos horas más tarde que la policía se identificó como tal ante la mujer y acto seguido procedió a solicitar al juzgado una orden de entrada y registro del domicilio.

Ese mismo día se realizó el registro y se incautaron las plantas, y al día siguiente el dueño de la plantación ingresó en prisión preventiva. En la sentencia el juez recordó que “sólo son constitucionalmente legítimas las entradas o registros efectuados con consentimiento de su titular o al amparo de una resolución judicial”, excepto en casos de delito flagrante. El afectado, para el que la Fiscalía había solicitado una pena de cuatro años y medio de cárcel, tiene derecho a solicitar una indemnización al Estado por haber pasado casi un año en prisión por una mala actuación policial.