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Un juicio por una plantación de cáñamo industrial podría acabar los dueños en prisión

Un juicio por una plantación de cáñamo industrial podría acabar los dueños en prisión
Foto: Francisco Jiménez para Heraldo de Aragón

La Audiencia de Zaragoza juzga a seis personas y la Fiscalía pide hasta 12 años de prisión por persona y multas millonarias.

La única plantación de cáñamo industrial de Aragón, un cultivo realizado legalmente con los permisos necesarios y con una empresa legalmente constituida, ha derivado en un juicio a sus propietarios después de que se produjeran varios robos hace dos años. La Audiencia de Zaragoza está juzgando a los seis socios de la empresa, y la Fiscalía pide un total de 48 años de cárcel y 37 millones en multas. La empresa Unión Verde tuvo varios robos de plantas en 2018, que fueron denunciados por la empresa y después se han girado en su contra.

La versión presentada por la Fiscalía es que se trataba de cultivos de cannabis psicoactivo y por lo tanto los acusados estaban incurriendo en una actividad ilegal. Los análisis de las muestras recogidas de las plantas por la Guardia Civil mostraron que se superaba el límite de 0,2% de THC permitido y, según ha publicado Heraldo, alcanzaba el 1,3% de THC. La Fiscalía alega que para cultivar plantas con esa concentración de THC debían contar con una autorización de la Agencia del Medicamento que no tenían.

Por su parte los acusados alegan que la empresa cumplía con todos los permisos y no realizaba ninguna actividad ilegal. “Somos empresarios que cultivan cáñamo industrial, no narcotraficantes internacionales”, dijo el administrador de la empresa, Juan José L. M., en declaraciones recogidas por Heraldo. “¿Ustedes creen que si yo fuera consciente de que tengo una plantación ilegal llamo a la Guardia Civil para que venga allí a investigar unos robos?”, preguntó durante el juicio. El abogado de la defensa dijo que el cáñamo cultivado no superaba el 0,19% de THC, según un segundo análisis autorizado y realizado por ellos sobre las mismas muestras “que fueron custodiadas y escoltadas en todo momento por la Guardia Civil”, explicó.

La fiscalía pide 12 años de cárcel para dos de los acusados, seis años para los otros cuatro, y 37 millones en multas. La acusación es por los delitos de pertenencia a grupo criminal y un delito contra la salud pública por una “sustancia que no causa grave daño a la salud en su modalidad agravada de notoria importancia”.

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