Casi 200 académicos, profesionales, representantes gubernamentales y diferentes ONG’s de 53 países diferentes le enviaron una carta al Ayuntamiento de Barcelona para que frene su ofensiva contra los clubes de cannabis de la ciudad. “Los clubes sociales de Cannabis constituyen espacios privilegiados para investigar e implementar intervenciones científicas, educativas y basadas en la salud de los usuarios”, dice el documento que fue impulsado por el Centro Internacional de Educación, Investigación y Servicios Etnobotánicos (ICEERS, por sus siglas en inglés).
En la carta se denuncia la “postura regresiva” de la actual gestión del alcalde Jaume Collboni en intentar cerrar todos los clubes sociales de cannabis de la ciudad, una intención que “no se encuentra alineada con los avances cruciales en política de drogas en el ámbito mundial”. Entre los 180 firmantes se destacan Milton Romani Gerner, ex Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay; Neil Woods, Presidente de Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Europa; la Autoridad por el Uso Responsable del Cannabis en Malta (única agencia gubernamental de Europa sobre la regulación del uso adulto); y organizaciones como Drug Policy Consortium, que reúne a más de 200 ONG que trabajan por la reforma de las políticas de drogas.
En el escrito se le solicita al Ayuntamiento que abogue por leyes que respeten y toleren los clubes sociales de cannabis. “Creemos que Barcelona puede seguir estableciendo un precedente hacia un enfoque más compasivo y basado en evidencias para la regulación del cannabis en el ámbito internacional”, sostiene el documento.
Hacia finales del pasado mes de diciembre, las autoridades de Barcelona anunciaron un plan para cerrar todos los clubes de la ciudad. La intención de barrer con este modelo, que tiene más de veinte años de existencia y que fue ejemplo para la regulación de la planta, generó el amplio rechazo del activismo. Además de la mencionada carta, el último viernes se realizó una protesta frente al Ayuntamiento que fue convocada por el partido político cannábico Luz Verde. “Si el movimiento no se une y responde, van a acabar con todo porque tienen las herramientas desde el poder para buscar un motivo para criminalizarnos. Queremos defender nuestros derechos”, aseguró Albert Tió, uno de los dirigentes de Luz Verde.
