Las asociaciones de consumidores de cannabis de Barcelona están en vilo desde la sentencia del Tribunal Supremo. En julio el tribunal desestimó un recurso para preservar la regulación urbanística sobre clubs que implantó el Ayuntamiento en 2016, anulando la única regulación que tenían estas asociaciones en Barcelona. Desde entonces nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con los clubs. El Ayuntamiento avisó de que la sentencia del Supremo implicaba el cese del funcionamiento de los clubes pero lo cierto es que en otros municipios españoles los clubs de cannabis funcionan sin que haya una regulación urbanística como la que tenía Barcelona.
Los clubs barceloneses se han quedado sin la mínima regulación que tenían, una que marcaba la obligatoriedad de medidas como la salida de humos, el acceso desde la calle, la doble puerta de entrada o la distancia respecto a colegios, centros sanitarios y otros clubs. Ahora las asociaciones de cannabis dejan de tener una consideración específica para el consistorio barcelonés y han pasado a ser clasificados como “clubs privados”.
“En la práctica es un retroceso a la situación de 2015”, explica Eric Asensio, secretario de la Federació d'Associacions de Cànnabis de Catalunya (CATFac). Es decir, se ha vuelto al escenario previo a la aprobación de la regulación, una situación que querían evitar tanto el Ayuntamiento como las asociaciones porque implica mayor descontrol y menor seguridad para los clubs. “Ahora el ayuntamiento debería ponerse a trabajar para ofrecer respuestas porque una regulación es necesaria tanto para los clubs como para el consistorio”, afirma Asensio.
Las cartas del Ayuntamiento ya están llegando a los clubs barceloneses avisando de la nulidad de la regulación y de la ilegalidad del cultivo y uso de cannabis. “Ponemos en su conocimiento que la habilitación de la que disponen (Club social privado) permite únicamente llevar a cabo la actividad de club social [...] Por tanto, en ningún caso está habilitación permite la promoción del consumo de cannabis, su cultivo, su distribución, ni ninguna otra actuación o conducta que pueda ser constitutiva de infracción administrativa o penal”, dicen las cartas enviadas, que también avisan de futuras inspecciones.
La incógnita que más inquieta a los responsables de los clubs y a los socios que participan de los cultivos es qué pasará con las inspecciones del Ayuntamiento. Si estas acaban produciéndose, como ha avisado el consistorio, podrían derivar en sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa de clubs sociales, pero también podrían realizarse denuncias penales que abocarían a numerosos juicios. Por ahora la CatFac ha programado una reunión con el Ayuntamiento para septiembre para abordar todas estas cuestiones y buscar una posible salida que no sea el cierre masivo de clubs.
