Una reciente operación policial en la capital malagueña ha culminado con la clausura de cuatro asociaciones cannábicas y la detención de ocho personas acusadas de delitos contra la salud pública y diversas infracciones administrativas. Denominada “Operación Tapadera”, la intervención fue llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local, en coordinación con la Policía Nacional.
Durante los registros, efectuados en febrero en los distritos de Centro, Teatinos y Cruz del Humilladero, se incautaron más de seis kilos de sustancias estupefacientes —principalmente marihuana—, 952 gramos de hachís, 236 porros ya preparados y una notable cantidad de productos comestibles con THC, entre ellos gominolas, patatas, pasteles y dulces. También se requisaron 4.500 euros en efectivo.
Material intervenido por la policía en uno de los clubs.
Según el comunicado oficial, los clubes estaban siendo investigados por “favorecer y promover el tráfico de sustancias estupefacientes”, además de operar con irregularidades recurrentes en este tipo de asociaciones. Entre ellas, destacan el acceso no restringido a socios, la ausencia de un responsable de actividad, la falta de hojas de reclamaciones, la carencia del seguro de responsabilidad civil obligatorio, y el consumo interno tanto de tabaco como de cannabis.
Llama la atención que uno de los establecimientos clausurados ya contaba con una orden previa de cese de actividad, lo que lo convierte en un caso de reincidencia.
Este nuevo golpe a las asociaciones cannábicas en España vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de una regulación clara y específica para este tipo de entidades, que a menudo operan en un limbo legal y son objeto de intervenciones policiales que cuestionan su funcionamiento más allá de su objetivo original: el autoconsumo privado y sin ánimo de lucro.
