La causa se originó tras una operación policial realizada en dos fases a finales de 2020 donde se registraron domicilios  de la red que operaba en Alicante, San Juan de Alicante y Muchamiel. La Fiscalía ha sostenido que la organización funcionaba como una estructura jerárquica, con tareas distribuidas entre distintas personas encargadas de cultivos, logística y elaboración de sustancias.

El objetivo principal era abastecer a usuarios de habla inglesa residentes en zonas costeras de la península y Baleares, así como a varios clubes sociales de cannabis. El proceso judicial reaviva el debate sobre la inseguridad jurídica que enfrentan los clubes sociales de cannabis en España.

Aunque los clubes funcionan desde hace más de dos décadas, la ausencia de una regulación estatal clara ha generado interpretaciones dispares por parte de los tribunales. En especial, la sentencia del Tribunal Supremo que limitó el margen de acción de estas asociaciones, al excluirlas del concepto de "consumo compartido no punible" cuando existe organización y distribución sistemática.

En paralelo, los datos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) confirman que España concentra un alto porcentaje de incautaciones de cannabis en Europa, tanto en planta como en resina. Este contexto facilita que grupos transnacionales elijan establecer cultivos en esta zona destinados a consumo local o exportación. No obstante, el juicio actual se centra en dirimir responsabilidades penales individuales, cuyo alcance se definirá en los próximos días.

El caso pone de relieve una paradoja conocida: la demanda de cannabis persiste, pero su acceso legal está bloqueado por un marco prohibicionista que no ofrece garantías ni control. Criminalizar a quienes abastecen ese mercado sin regularlo solo perpetúa los riesgos. Desde una perspectiva de salud pública, la solución pasa por reconocer esa realidad y establecer marcos normativos que prioricen la transparencia, la reducción de daños y los derechos de usuarios adultos y medicinales.