Días atrás se conoció la noticia que el gobierno logró los acuerdos necesarios para modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza. Entre los cambios más importantes está el rebajar las multas por tenencia y cultivo de cannabis y el no sancionar las manifestaciones que perturben al Congreso, Senado o asambleas autonómicas. Para entender mejor cómo funcionará la nueva normativa, Cáñamo se comunicó con dos de las activistas que participaron de los colectivos que presionaron a la actual gestión a que abandone la política punitivista iniciada en 2015 por el Partido Popular para contener la ola de protestas sociales de la década pasada. Se tratan de Patricia Amiguet y Ana Afuera, referentes de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC), quienes respondieron las preguntas de forma conjunta.
Entre algunas de los cambios más importantes se reducirían las sanciones por tenencia y cultivo de cannabis, ¿Qué otras modificaciones importantes se lograron?
El cultivo, además de pasar a ser una sanción leve, modifica su redactado y se cambia el concepto de “visible” por el de “accesible”. Es decir, una planta que se encuentra en un cuarto piso no podrá ser un acto sancionable. El artículo 36.19, que regula el consumo de sustancias en locales abiertos al público, ha sufrido una modificación en su redacción. Las referencias ambiguas a la “tolerancia” y la “falta de diligencia para impedirlo” por parte de los responsables de los establecimientos han sido eliminadas y sustituidas por el término “permitir”. Esta nueva formulación, aunque es una mejora, sigue planteando un problema preocupante: obliga a la ciudadanía a asumir, de manera implícita, funciones de control que deberían recaer exclusivamente en las autoridades competentes. Esta imposición convierte a las personas responsables de los locales en protoagentes de la ley, pese a no haber sido formados ni haber escogido desempeñar ese rol. El traslado de personas para llevar a cabo actos de consumo, las llamadas “cundas”, también se reduce a sanción leve.
¿Hay algún punto con el cual no hayan quedado conformes?
La Disposición adicional Quinta amplía a todos los rangos de edad poder conmutar la sanción por medidas de deshabituación, cuestión que con el redactado actual solo se puede aplicar a menores de edad. Desde ConFAC reclamamos que no solo sean estrategias de abstinencia de consumo, sino que se pueda conmutar por medidas educativas en todos los casos. Existe una desigualdad territorial porque, según dónde viva la persona, se tienen opciones a acceder a esta conmutación de la sanción a través de medidas educativas en materia de salud o reducción de riesgo. Pero en las localidades donde no existen estos servicios, solo se pueden adoptar medidas de abstinencia, teniendo que llevar a cabo prácticas que perpetúan el estigma de las personas usuarias de drogas tratándolas desde una mirada paternalista.
ConFAC forma parte de la plataforma No Somos Delito, en la que participan varios colectivos que se oponen a la Ley Mordaza, ¿cuál fue la importancia de la unión entre distintas organizaciones?
Cuando en el 2015 surge No Somos Delito, representantes de ConFAC asistieron a las primeras asambleas y actos. Lo importante de la plataforma es la unión de muchos movimientos con diferentes objetivos que luchan por los derechos de todas y todos los ciudadanos, de forma conjunta y coordinada. Las políticas de drogas interseccionan con otras cuestiones de la Ley Mordaza, como los cacheos o identificaciones, que impiden el pleno ejercicio de derechos fundamentales en este país y que son sistemáticamente vulnerados en el texto. Por ejemplo, discriminación de colectivos vulnerables, políticas de vivienda, el derecho a manifestarse, fronteras, medioambiente y un largo etcétera.
¿Es posible que se derogue la Ley Mordaza, siendo este el principal reclamo de los colectivos que conforman No Somos Delito?
No hay ningún partido que no nos haya recibido para abordar esta cuestión, excepto por el Partido Popular, que evidentemente no es muy receptivo a cambiar una norma que ellos mismos aprobaron con mayoría absoluta, y la ultra derecha. Pero sigue habiendo mucha moralidad y estigma a la hora de hablar de drogas. Han añadido un artículo que recoge la posibilidad de sancionar la tenencia de sustancias (grave) siempre que se demuestre que es para llevar a cabo sumisión química. ¿Quién valora eso? La sustancia más utilizada para la sumisión es el alcohol. A lo que me quiero referir, es que los representantes públicos tienen la “corresponsabilidad” de atenderte y escucharte, pero no de hacerte caso, y tienen el don de convertirse en expertos sobre cuestiones sobre las que están totalmente alejados de la realidad social. Están dispuestos a modificar la ley, pero no a derogarla. Sin contar con datos de Cataluña o Navarra, la Ley Mordaza supone más de 174 millones de euros para las arcas del Estado. Es una máquina de hacer dinero y sometimiento a la ciudadanía, que a un PSOE o PP le es muy útil.
¿Tienen información sobre cuándo podrían implementarse los cambios de la Ley Mordaza?
Deben acabar las negociaciones con los socios de gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya, el Bloque Nacionalista Galego y algún otro. Tras esas negociaciones, activarán el proceso común, la Ponencia, y después pasaría al seno del Congreso para su votación con necesidad de mayoría absoluta. Con la política nunca se sabe. Puede ser antes de navidades, como dentro de seis meses. Lo importante es que las negociaciones continúen y los políticos hagan su trabajo y legislen.
