La condena a Aythami Santana Fernández, expresidente de Beletén, ha sacudido al movimiento cannábico. Sentenciado a tres años por un supuesto delito contra la salud pública y a dos más por asociación ilícita, Santana lleva más de 200 días en prisión. Su entorno denuncia que el proceso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la destrucción de las plantas incautadas antes de que se pudiera realizar una pericial independiente.
En respuesta, familiares, amigos y antiguos socios han creado la plataforma #AythamiLibertad. Desde allí, defienden que Beletén operaba bajo un modelo de autoconsumo colectivo, transparente y pacífico, alineado con la doctrina de los clubes sociales de cannabis. La iniciativa ha lanzado una campaña de apoyo y prepara una marcha el próximo 27 de septiembre desde la Ciudad de la Justicia hasta el centro penitenciario Las Palmas I, donde Santana cumple condena.
El manifiesto difundido en redes sociales insiste en que Santana no es un criminal, sino un activista histórico. Fundador de la Confederación de Asociaciones Cannábicas de España (ConFAC) y participante habitual en la Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid, se le reconoce por impulsar políticas de reducción de riesgos y por haber defendido espacios seguros para personas usuarias de cannabis.
La defensa legal también ha solicitado la suspensión de la condena y un indulto, alegando que la cantidad de cannabis incautada podría no superar los límites del autoconsumo colectivo razonable. Además, señalan que Santana participa desde hace un año en un programa de deshabituación, sin que ello haya influido en la negativa de las autoridades a suspender la pena.
El caso de Beletén reabre el debate sobre la falta de regulación en torno a los clubes sociales de cannabis en España. Mientras países como Alemania y Uruguay reconocen modelos similares, en el Estado español persisten vacíos legales que dejan a activistas y usuarios en una situación de vulnerabilidad.
Escríbele a la cárcel, la solidaridad es la mejor compañera.
