A mediados de febrero, los agentes irrumpieron en una nave industrial de Alcobendas y realizaron registros vinculados a otra instalación en Fuente el Saz. La investigación describe un nodo pensado para almacenar, “preparar” y redistribuir cargamentos de cocaína para terceros donde podían recoger, custodiar, fraccionar y poner en circulación la mercancía como si se tratara de una empresa de transporte y paquetería.

En paralelo a las detenciones, una mujer identificada como Paula Andrea fue localizada cuando intentaba abandonar Madrid con el dinero repartido en bolsas y paquetes sellados. La noticia quedó atravesada por un detalle que parece sacado de un manual de autoayuda ya que, más de un millón de euros en efectivo en fajos embalados al vacío, contenía mensajes con notas como “Gracias, Universo” y dibujos de corazones.

Más allá del gesto pintoresco, el caso expone la logística clandestina contemporánea: convoyes por carretera, vehículos “lanzadera” para detectar controles, alquiler de coches a nombre de terceros y caletas con mecanismos electrónicos. Entre lo incautado figura una placa de conexión satelital Starlink, señal de una búsqueda de comunicaciones estables al margen de las redes móviles habituales.

La investigación se remonta a 2024 y ganó impulso en 2025 tras avisos internacionales vinculados a un camión interceptado fuera de España. En la fase final, la Policía documentó rutas desde el sur peninsular hasta Madrid y una aprehensión posterior de 125 kilos en una furgoneta con destino a Países Bajos, interceptada en la autopista de Irún a finales de enero.

El operativo apunta a un modelo de narcotráfico cada vez más especializado que debe responder a una alta demanda y la escena del dinero embalado con mensajes refuerza el contraste en el que opera el mercado ilegal que no solo distribuye sustancias, también organiza logística, capital y una narrativa  para legitimarse ante sus integrantes y su entorno.