El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional la ley catalana de las Asociaciones de Consumidores de Cannabis, norma diseñada para regular el cultivo y el transporte de marihuana por parte de los clubes cannábicos, al considerar que, igual que en el caso de la ley navarra sobre la misma materia, invade competencias del Estado central y puede amparar actividades ilegales.
El pleno del TC concluyó que, pese a los demostrados beneficios terapéuticos de algunos de los componentes de la planta, esta sigue considerándose como estupefaciente con lo que se trataría de una materia cuyo comercio y tratamiento caería dentro del ámbito penal, competencia reservada al Estado según el artículo 149.1.6 de la Constitución. Según el TC, la ley catalana, aprobada el 28 de junio de 2017 por el Parlament y recurrida por el gobierno del Partido Popular, no se conforma con regular las “asociaciones de consumidores de cannabis”, para los que la ley catalana “reconoce a los clubes funciones de acopio o adquisición y ulterior distribución”, sino que el régimen jurídico también está directamente dirigido a “articular el consumo y cultivo compartido de cannabis” o “el consumo, abastecimiento y dispensación” de esta sustancia, que al ser considerada estupefaciente su “disciplina normativa se reserva el Estado”. Tras esta sentencia contra una norma que estaba funcionando internacionalmente como ejemplo, los cientos de asociaciones cannábicas catalanas vuelven a la inseguridad jurídica.
