El partido político cannábico Luz Verde se ha librado de la acusación de dos pesos pesados del Estado. El Ministerio de Interior y la Fiscalía han retirado la petición de disolución contra el partido, que fue presentada por un fallo en los estatutos y una supuesta falta de actividad que ha quedado finalmente desacreditada. Según explicaron desde el partido al diario Público, ambas instituciones han dado marcha atrás después de revisar la documentación entregada por el partido en la que se demuestra su actividad en los últimos años.

El procedimiento contra el partido Luz Verde lo inició la Audiencia Nacional en noviembre, después de que se notificara al partido un error de forma en sus estatutos. La Audiencia Nacional inició un procedimiento abreviado después de que venciera el plazo establecido inicialmente para modificar los estatutos, y en ese momento se añadió como demandante el Ministerio del Interior y la Fiscalía, afirmando que el partido no tenía actividad y pidiendo su disolución.

La acusación de Interior y la de la Fiscalía han sido retiradas, pero el procedimiento de la Audiencia Nacional sigue abierto y pendiente de juicio en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº5. Los abogados del partido consideran que un error de forma en los estatutos del partido no justifica la disolución del partido y que ello supone una vulneración del derecho a la participación política.

Ayer martes, el Parlamento de Navarra aprobó una resolución por la que la cámara parlamentaria instó al Gobierno de España “a desistir en su iniciativa de ilegalizar al Partido Cannábico Luz Verde” y en la que también manifestó “su total apoyo al pluralismo político y el compromiso con el derecho fundamental a la participación política”. La iniciativa fue aprobada con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra, y la abstención de Navarra Suma y PSN.