A partir de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, España se ha convertido en el país que más sanciones administrativas ha impuesto por el uso del cannabis. El dato se desprende de las propias cifras del Ministerio del Interior, en donde se registra que, desde la vigencia de la normativa, en 2015, se han recaudado 839 millones de euros en el cobro de las multas relacionadas con el consumo o cultivo de la planta. Según el Observatorio Europeo de las Drogas, ningún otro país ha castigado tanto a las personas que deciden usar marihuana. 

La ley mordaza fue sancionada hace casi una década atrás por el Partido Popular, durante la gestión de Mariano Rajoy, como una respuesta represiva ante el crecimiento del movimiento de los indignados y las diferentes manifestaciones que se realizaron en el país, tras la crisis económica desatada a partir del quiebre de la burbuja inmobiliaria de 2008. Desde su implementación, en 2015, España ha recaudado 1,292 millones de euros en el cobro de las multas por las infracciones determinadas en decenas de artículos. Esta cifra equivale a la partida destinada para investigación científica en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado. El 65% del dinero corresponde a delitos relacionados con el consumo o la posesión de drogas. Luego, le siguen las multas relacionadas a las infracciones de seguridad ciudadana y la tenencia de armas, con 328 y 124 millones de euros, respectivamente.

Según los datos de Interior, la gran mayoría de las multas vinculadas a la ley mordaza corresponden al consumo o tenencia de cannabis y se encuentra muy por encima a las infracciones por cultivo (2,509), traslado de personas para facilitar el acceso a sustancias tóxicas (842) o permitir el consumo en el interior de establecimientos públicos (743). La normativa punitiva considera graves todas las infracciones mencionadas, por lo que las multas pueden oscilar entre los 601 y 30 mil euros.

Hace tiempo que varias organizaciones consideran que la ley mordaza es abusiva. Una de ellas es No somos delito, un colectivo superior a las 100 asociaciones que, en junio, han presentado un lineamiento de diez puntos para exigir su derogación.