La modificación de la tan criticada Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los compromisos del actual Gobierno de coalición, no se llevará a cabo en lo que queda de legislatura. Así lo creen fuentes de la Moncloa consultadas por elDiario.es, que reconocen que es el proyecto que menos probabilidades tiene de salir adelante de entre todos los que tiene pendientes el Gobierno. La mayoría de las multas que se ponen cada año aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como Ley Mordaza— son sanciones de consumo o tenencia de cannabis en la vía pública.
La derogación de la Ley Mordaza es una demanda que numerosos actores sociales y organizaciones de la sociedad civil llevan reclamando desde su aprobación en 2015, especialmente por las restricciones que impone al derecho de expresión y manifestación. El PSOE prometió su derogación cuando estaba en la oposición, pero tras dos años gobernando el partido prefirió optar por una modificación que mantuviese en pie partes de la ley, y desde entonces ha estado negociando con sus socios sin conseguir llegar a un acuerdo.
Hace unos meses, PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Junts pel Sí y EH Bildu anunciaron un acuerdo para sustituir las multas por consumo o tenencia de drogas en la vía pública por actividades “reparadoras, reeducativas o de rehabilitación”. Los seis grupos políticos también dijeron estar de acuerdo en aplicar una reducción de entre el 25% y 50% en las multas a las personas con menos ingresos anuales. Sin embargo, el PSOE no ha querido modificar otros aspectos de la ley relacionados con la autoridad policial, negándose a alterar la presunción de veracidad de los agentes y el uso de material de antidisturbios, algo que para sus socios es imperativo eliminar de la ley.
