Con la convocatoria anticipada de elecciones acabó el que ha sido el primer Gobierno de coalición en España desde que se votó la Constitución de 1975. Un Gobierno progresista constituido por el PSOE y Unidas Podemos que en lo que respecta al cannabis no ha realizado ningún avance práctico, aunque la regulación de la planta ha pasado por las dos cámaras legislativas del Congreso y ha estado en boca de medios de comunicación en varias ocasiones. Esto que sigue es lo que ha hecho y, sobre todo, lo que ha dejado de hacer, el último Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
El primer incumplimiento del Gobierno fue la prometida derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley Mordaza, que entre otras muchas cosas es responsable de las sanciones por consumo y tenencia de drogas. El asunto no es baladí, pues España es el país de la Unión Europea que más sanciones impone por consumo o tenencia de cannabis, tantas que representan el 43% de todas las de la UE. Tanto el PSOE como Unidas Podemos prometieron que acabarían con la ley cuando llegaran al Gobierno, pero, una vez en el poder, el PSOE cambió de idea y optó por apoyar una modificación de la ley en la que quedarían intactos algunos de los puntos más polémicos relacionados con el poder de los cuerpos policiales, negándose a alterar la presunción de veracidad de los agentes y el uso de material de antidisturbios. Aunque se realizó un acuerdo para modificar la ley —que incluía una reducción de las sanciones por drogas con opción a sustituir las multas por actividades “reparadoras, reeducativas o de rehabilitación”—, finalmente el PSOE no quiso ceder al respecto de los artículos referidos a la policía y la Ley Mordaza ha quedado intacta. Tras la convocatoria de elecciones, el PSOE eliminó la promesa de la derogación de su último programa electoral.
Si nos fijamos en las cuestiones legislativas referidas únicamente al cannabis, esta ha sido la legislatura en la que la planta ha pasado más veces por el Congreso. En otoño de 2021 llegó al Senado la Proposición de Ley para regular el uso adulto de cannabis, el autocultivo y las asociaciones cannábicas impulsada por el partido navarro RCN-NOK y presentada por el grupo Izquierda Plural. La proposición no fue admitida a trámite por los votos en contra de PSOE, PP y VOX. Poco después llegaron tres proposiciones de ley —la de Unidas Podemos, la de Más País y la de ERC— destinadas a crear una regulación del uso adulto del cannabis, incluyendo el autocultivo y los clubs, y también la producción y venta comercial. Sólo las leyes de ERC y Más País llegaron a votarse en el Congreso y en ambos casos PSOE, PP y VOX evitaron su tramitación.
Lo que casi se consigue en esta legislatura es una regulación del cannabis medicinal que finalmente no llegó a concretarse por culpa del Ministerio de Sanidad. La regulación fue apoyada por el Congreso en junio del año pasado después de una larga comisión con expertos —impulsada por el PNV— que logró reunir los apoyos de todos los partidos a excepción de PP y VOX. Como resultado se estableció un periodo de seis meses para que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) concretara el encaje legal que la regulación debía tener. No obstante, los meses fueron pasando y ni la AEMPS ni el Ministerio de Sanidad del que depende la agencia presentaron nada. En mayo el nuevo ministro de Sanidad, José Miñones, se disculpó por el retraso y prometió que antes de que acabara el mes presentaría el esperado documento sobre la regulación. Pero la convocatoria de elecciones anticipadas mandó al traste la promesa, a pesar de que el ministerio siguió funcionando con independencia de que la actividad legislativa hubiese quedado suspendida. En este tiempo la AEMPS ha seguido entregando licencias para el cultivo de cannabis con fines de investigación y producción medicinal, y ya son 20 las empresas privadas y entidades públicas que cultivan marihuana legalmente gracias a una de estas autorizaciones.
Lo último que pasó en el Congreso durante esta legislatura con respecto al cannabis fue la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la regulación del cáñamo industrial y el sector del CBD presentada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. En este caso el PSOE también votó a favor, aunque las PNL no son vinculantes y no tuvo ningún efecto práctico más allá de mostrar un posicionamiento a favor de la regulación del sector. Veremos qué pasa con el futuro Gobierno.
