Entre otros valores pujantes, uno de los abogados que más alegrías da al panorama cannábico es Francisco Azorín, del grupo Brotsanbert. Azorín está detrás de una nueva victoria legal en la que, además de levantar una multa injusta, ha puesto en cuestionamiento todo el sistema que sostiene la prueba del drogotest.

Los falsos positivos, la cadena de custodia, los métodos de análisis… en definitiva, todo es cuestionable en este peaje establecido para personas consumidoras cuyo objetivo final pivota más sobre la arbitrariedad policial y la multa, que sobre el rigor, la ciencia y la seguridad jurídica y legal de los ciudadanos.

La policía catalana acaba de publicar un informe sobre la marihuana en Cataluña que no tiene desperdicio. Una auténtica oda a la hipocresía. Una catedral cimentada en la ignorancia y la ignominia. Un delirio hecho realidad –a base de dinero público– que trata de categorizar y encapsular argumentos policiales y de seguridad para acabar dibujando una caricatura del fenómeno del cultivo de cannabis. Todo para escamotear una verdad por todos conocida: los cuerpos y fuerzas de seguridad, ejercito inclusive, son la condición de posibilidad del mercado no regulado del cannabis (y de todas las drogas). Ellos son parte del problema y no de la solución. Así lo corroboró el karma, cuando, dos días después de la noticia del informe de los Mossos, se detenía en Girona a varios de ellos dedicados al robo a cultivadores para vender a traficantes. No deja de sorprender que se haya anunciado que el abogado que los defenderá será Bernat Salelles, un exdiputado de la CUP (partido “antisistema”) quien ahora ahonda en derroteros federalistas. Vemos, una vez más, la delgada línea que separa el derrocar al statu quo del reforzarlo.