Una operación de la Policía Nacional ha desmantelado un cultivo con 20.000 plantas de marihuana en el municipio de Conil de la Frontera, en la província de Cádiz, y ha detenido a 18 personas. La plantación se encontraba distribuida en tres invernaderos de una finca agrícola, en la que las plantas no llamaban la atención por estar rodeadas de otros cultivos legales que crecían en el mismo tipo de invernaderos.

Según la nota de prensa de la Policía Nacional el invernadero tenía una superficie de 19.000 metros cuadrados en la que crecían las miles de plantas en distintas fases de maduración. Alrededor de los invernaderos, en anexos del terreno, fueron halladas varias cajas llenas de cogollos de marihuana recolectados, así como esquejes de la planta. Los cultivos estaban provistos de sistemas de iluminación y riego automatizados, y con lonas móviles para poder oscurecer los invernaderos y manipular las horas de luz.

El responsable de la plantación alegó que se trataba de un cultivo legal, destinado a obtener cáñamo industrial de los tallos de las plantas, pero a ojos de la policía el cultivo no contaba con ningún sustento legal y se amparaba “bajo la falsa apariencia de una sociedad constituida de manera totalmente ficticia”. La falta de una regulación que defina claramente los límites legales de la producción de cáñamo industrial y CBD (incluyendo los cogollos no psicoactivos) hace que a menudo los negocios legales sean intervenidos por la policía y llevados a juicio, y también que quienes cultivan cannabis ilegalmente traten de hacerlo pasar por cáñamo industrial.