La Administración de Servicios para Niños (ACS) de Nueva York tendrá que pagar una indemnización de 75.000 dólares a una mujer negra a la que le quitó su hijo recién nacido porque esta consumió cannabis legal antes de dar a luz. La indemnización fue aprobada la semana pasada por un juez federal y supone el primer caso en el que la ACS tiene que rendir cuentas por quitar la custodia de un niño basándose en el uso de marihuana de sus progenitores, después de que la ley cambiase con la legalización de la marihuana.

En agosto de 2021 la mujer, Chanetto Rivers, estaba en una comida familiar cuando empezó a tener contracciones y fumó un poco de marihuana antes de ir al hospital para dar a luz. Según el diario The New York Times, durante el parto en el hospital los médicos le preguntaron si había consumido drogas o alcohol, y, cuando dijo que había fumado cannabis, ella y su bebé fueron examinados sin su conocimiento y dieron positivo en marihuana. Dos días después, la Administración de Servicios para Niños le comunicó que le había abierto un expediente y se llevó a su hijo a una casa de acogida. En aquel momento ya hacía cinco meses que el estado había legalizado el uso adulto de cannabis.

La política de la ACS no permite llevarse un bebé por simple uso de cannabis de un progenitor, y sólo puede hacerlo en los casos en los que el bebé tenga signos de estar afectado negativamente por el consumo. Aún así, la mujer tardó una semana en poder recuperar a su hijo, algo que logró gracias a una orden de un juez. Pero luego de recuperarlo la ACS visitó a la madre en su casa sin avisar en varias ocasiones durante los tres meses siguientes, la sometió a tests de drogas y la obligó a asistir a clases para padres.

En la defensa del caso, los abogados de la mujer afectada argumentaron que el trato de la administración había sido desproporcionado y que su condición de mujer negra había sido clave para la retirada de custodia, como parte de una práctica racista que la ACS arrastra durante décadas. Según The New York Times la ACS fue sometida a una auditoría en 2020 en la que los propios empleados dijeron que la agencia realizaba prácticas racistas.