La regulación pendiente

En España la regulación del cannabis sigue sin llegar. Los usuarios, los cultivadores, los clubs y los pacientes siguen pidiendo una regulación pero la gran mayoría de los políticos en funciones sigue haciendo oídos sordos. Justo antes del verano del 2019 el Congreso admitió a trámite una Proposición de Ley para regular los clubs y el autocultivo. La Proposición de Ley fue presentada por el Parlamento de Navarra e impulsada por el partido Representación Cannábica Navarra-NOK. La iniciativa surgió después de que el Tribunal Constitucional tumbase las regulaciones de clubs cannábicos aprobadas en los parlamentos autonómicos de Navarra, País Vasco y Cataluña, al considerar que estas regulaciones no corresponden a las autononmías. El partido navarro Representación Cannábica propuso llevar la Proposición de Ley al Congreso de los Diputados como una forma de conseguir que el debate político sobre la regulación se lleve a cabo en el marco de todo el territorio estatal. La Proposición de Ley sigue pendiente de debate en el Congreso.

En octubre del pasado año el partido político Más País, creado a partir de miembros de Podemos, mostró su apoyo a la legalización del cannabis y declaró en un artículo en El País firmado por Íñigo Errejón, la necesidad de cambiar de estrategia en las políticas del cannabis a través de una regulación del uso recreativo y medicinal. Tras las elecciones de noviembre el partido Más País consiguió 3 escaños, por lo que los partidos que abogan abiertamente por el cannabis (Más País y Unidas Podemos) tan sólo suman 35 escaños. A parte de estos, Ciudadanos propuso tiempo atrás la regulación del cannabis medicinal, pero no se ha sabido más. Y el PSOE, el partido clave para poder plantear una regulación real en España, aunque ha apoyado iniciativas municipales y autonómicas, se niega a abrir el debate en el ámbito estatal. Otros partidos con representación en el Congreso que han apoyado la cuestión cannábica son ERC, JuntsXCat, CUP, Bildu EH, PNV, BNG y Coalición Canaria-Nueva Canaria, que entre ellos suman 38 escaños más. 

Juicios de grandes tribunales

Los usuarios de cannabis siguen siendo perseguidos, multados y juzgados. En el último año los más altos tribunales, el Supremo y el Constitucional, se han pronunciado en más de una ocasión sobre los casos de clubs de cannabis. En julio del año pasado el Constitucional absolvió a los miembros de un club cannábico, pero no por considerar que actuaran dentro de la ley, sino porque consideró que se había vulnerado su derecho a la defensa cuando el caso llegó a la Audiencia Provincial. Más tarde, en noviembre el Tribunal Supremo condenó a cuatro miembros fundadores de la asociación barcelonesa The Green World con penas de hasta cuatro años de cárcel. El Supremo consideró que la asociación se dedicaba al tráfico de cannabis, dispensando marihuana y hachís de forma indiscriminada, entre otras razones porque se consideró que tenía un número elevado de socios. Para el tribunal una asociación cannábica “debe estar integrada por un número reducido de personas", según decía la sentencia, en la que también se advertía que la cantidad de cannabis despachada para el socio “ha de ser reducida o insignificante, o, cuando menos, mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

Juicios a activistas

El el último año también han sido condenadas varias personas visibles del movimiento cannábico vinculado a los clubs. Fernanda de la Figuera, veterana activista y cultivadora de cannabis, fue condenada por un juzgado penal de Málaga a nueve meses de prisión y a pagar una multa de 10.000 euros por un delito contra la salud pública por su implicación en la asociación cannábica Marías x María. La activista anunció que recurriría la sentencia. También la asociación cannábica La Maca, uno los clubs pioneros del modelo asociativo español, fue condenada el pasado mes de febrero por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Las cinco personas que formaban la junta directiva de la asociación más un trabajador fueron condenados a penas de cárcel, sumando un total de 26 años, así como a elevadas multas. El club anunció que recurriría la sentencia ante el Tribunal Supremo. Otros tres responsables de un club barcelonés llevan desde el pasado junio esperando la orden de entrada en prisión, entre ellos el presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña, Albert Tió. Los condenados formaron parte de la junta directiva de la asociación AIRAM, que fue clausurada en 2014, y han sido condenados por el Supremo a cinco años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Han recurrido la sentencia al Constitucional y mientras esperan que el tribunal acepte el recurso, y esperan su entrada en prisión, lanzaron una campaña para pedir el indulto. 

Luchas locales de los clubs

A pesar de la represión judicial los clubs siguen su lucha a nivel local, autonómico y estatal. El Ayuntamiento de Bilbao introdujo en febrero una serie de requisitos urbanísticos destinados a los clubs de fumadores (incluidos los clubs cannábicos) en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Las normas obligarán a los clubs de fumadores a introducir medidas como la salida de extracción de humos y la ubicación en las plantas bajas de los edificios, que en otras ciudades como Barcelona ya son obligatorias. En Barcelona dos clubes de cannabis que estaban a punto de abrir el octubre pasado vieron interrumpidas sus intenciones por la presión vecinal. En Sarrià un grupo de vecinos se dedicó a recoger firmas y a repartir pancartas contra el proyecto del nuevo local. Los vecinos del edificio cambiaron la cerradura del patio de luces para imposibilitar que los responsables del local pudieran instalar la salida de humos que exige la normativa barcelonesa. Las quejas de los vecinos contra los clubs fueron llevadas por concejales de Junts per Catalunya, Ciutadans, y Partido Popular al pleno del Distrito del barrio de Les Corts, donde fueron aprobadas y por tanto elevadas al Ayuntamiento de la Ciudad donde tendrán que ser debatidas. Los concejales quieren modificar la actual regulación de los clubs de cannabis en Barcelona y reducir el número de asociaciones.

Multas

En octubre del año pasado se publicaron los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2018 y las estadísticas mostraban que, de todas las sanciones incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, las multas por consumo o tenencia de drogas representaban el 99 %, la gran mayoría por cannabis. La cantidad de sanciones impuestas por uso o tenencia de drogas creció un 12 % en 2018 respecto al año anterior, y la cantidad de dinero recaudada por el Estado a costa de las multas pasó de 61,1 millones de euros recaudados en 2016 a 102,6 millones en 2017, lo que supone un aumento del 68%. En sentido contrario, en febrero de este año un juzgado administrativo de Murcia declaró que el Ayuntamiento de un municipio no tenía competencia para imponer una multa por tenencia de cannabis. La sentencia le sirvió a un joven de la localidad de Yecla para librarse de pagar una multa de 10.401 euros, pero además la sentencia sentó precedente y podría dar lugar a que se revoquen más multas por tenencia.

Confinamiento

La pandemia de la covid-19 puso contra las cuerdas a todos los clubs del estado y a los miles de usuarios medicinales y recreativos que se abastecen a través de estos. Ante la imposibilidad de abrir las asociaciones legalmente durante los meses del estado de alarma un conjunto de asociaciones cannábicas de todo el estado enviaron peticiones formales a la administración y los ayuntamientos para que se les reconozca como un servicio esencial. Peticiones que no fueron contestadas, como tampoco lo fueron las realizadas por los usuarios de cannabis medicinal. La Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis pidió la reapertura controlada de los clubs para los miles de usuarios habituales de cannabis que se vieron despojados de su vía habitual de adquisición, y que tuvieron que decidir entre renunciar al tratamiento con cannabis medicinal o buscarse la vida en el encarecido mercado negro.

Las empresas sí

Aunque el Gobierno hace oídos sordos a las necesidades de los pacientes sí que permite el cultivo de cannabis medicinal a las empresas. Hace una año la empresa Cannabidoids SL consiguió el permiso de la Agencia Española del Medicamento para cultivar cannabis en España con fines medicinales y científicos. Cannabinoids anunció que iniciaría el cultivo de cannabis durante este 2020 con la previsión de recoger dos toneladas de cannabis de hasta doce variedades distintas durante el año. También hace un año que Linneo Health, nacida de un acuerdo entre el magnate español del opio Juan Abelló y el fondo de inversión británico GHO, consiguió un certificado GMP de la Agencia Española del Medicamento para la producción de cannabis. La empresa ya contaba con un permiso de la Agencia del Medicamento para producir cannabis con fines científicos y medicinales, y con el GMP ya pudo iniciar la producción de cannabis y extractos. En mayo de este año Medalchemy, una empresa del parque tecnológico de la Universidad de Alicante, anunció que había conseguido la autorización de la Agencia del Medicamento para producir extractos de cannabis con fines medicinales, y que iniciaría la producción de compuestos farmacéuticos a base de cannabinoides, entre ellos el THC. Los pacientes que utilizan el cannabis como tratamiento no disponen de un acceso seguro y legal a la sustancia, y tampoco se les permite cultivarlo en sus casas, pero actualmente hay cuatro empresas con autorización para cultivar y producir cannabis y derivados, productos que son exportados para su venta en el extranjero. 

¡Mira aquí también!

En Navarra una octogenaria protagonizó una escena memorable durante la pandemia de la covid-19. La señora, interpelada por la policía por encontrarse en la calle durante los días de confinamiento, respondió que estaba “guardándole el speed” a su nieta. Según la versión policial, tras la confesión, los agentes procedieron a registrar a la anciana y encontraron tres pollos de speed en sus bolsillos. La policía denunció a la mujer por desobediencia a la autoridad al haberse saltado el confinamiento sin una justificación válida y por tenencia de sustancias estupefacientes. La mujer quedó descontenta con el trato recibido y manifestó su enfadó levantándose la falda e increpando a los agentes: “¡Toma, mira aquí también si quieres!”. Los agentes le pusieron una tercera denuncia a la señora por “la ejecución de actos obscenos realizados a un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”.