El Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería ha impuesto una condena de tres años de cárcel y una multa de 1,9 millones de euros a un agricultor de cáñamo industrial que tenía 6000 plantas. La jueza ha estimado que la plantación estaba destinada a su venta “como estupefaciente”, a pesar de que las semillas estaban certificadas para uso legal agrícola y la plantación había sido registrada en la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía.

El agricultor llevaba cultivando hortalizas desde 2019, y en septiembre de 2020 destinó un 20% de sus tierras al cultivo de cáñamo industrial. Este febrero la Guardia Civil entró en su explotación ubicada en Los Vergeles de Níjar y se incautó de las plantas. “Había útiles de corte y restos de ramas a las que se habían arrancado hojas y cogollos, cajas repletas de cogollos y una báscula de precisión”, dice una descripción provisional emitida hace pocos meses por la Fiscalía.

Para la magistrada, “la única cuestión controvertida se centra en determinar cuál era el destino que el acusado pretendía dar al producto de las plantas de cáñamo”. La jueza ha aplicado la versión de la Fiscalía, según la cual los cogollos de las plantas de cáñamo no pueden procesarse y destinarse a la venta. “Hay varios indicios que llevan a concluir que éste no era otro que el mercado ilícito de sustancias estupefacientes”, dice la sentencia.

Según La Voz de Almería, la sentencia es la primera de estas características que se dicta contra un agricultor en Andalucía tras una reunión de principio de año centrada en la persecución de irregularidades en el cultivo de cáñamo industrial en la que participaron la Subdelegación del Gobierno, fuerzas de seguridad del Estado, Fiscalía y Junta de Andalucía. Los análisis de las muestras de cáñamo arrojaron un resultado de entre el 2% y el 3% de THC, cuando el máximo legal es 0,2%, pero esto no fue incluido en las razones de la condena.