El centro estaba siendo instalado por Cruz Roja en el polideportivo del barrio con la intención de dar cobijo durante el periodo de confinamiento a un grupo de personas consumidoras de drogas que no tenían hogar.

Debido a las expresiones de amenaza proferidas por los vecinos que protestaban la policía se acabó presentando para tratar de mediar entre los vecinos y los operarios que estaban montando el espacio de acogida. El alcalde de Sant Adrià, municipio al que pertenece el barrio de La Mina, fue quien solicitó a la Generalitat Catalana la instalación del centro después de recibir las quejas de otro grupo de vecinos molestos por la presencia recurrente de los adictos en sus edificios.

Estos vecinos denunciaron al alcalde que un grupo de adictos merodeaba y consumía drogas inyectadas en el interior de sus edificios después de comprarlas en los narcopisos, en los que se seguía vendiendo droga. “Los mismos vecinos se oponen a lo que piden otros”, explicó el alcalde en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

Finalmente, el alcalde ha anulado la apertura del centro por seguridad. El mes pasado en la ciudad de Barcelona se abrió un albergue similar, destinado a personas sin hogar consumidoras de drogas, que pudo abrir sus puertas sin problemas para las personas que lo necesitaban.