Tras mesas de trabajo con colectivos cannábicos, la Secretaría de Gobierno (SECGOB) informó la “liberación de la vía pública” en los puntos que operaban en Metro Hidalgo y avenida Juárez y la reubicación ordenada de las actividades hacia tres espacios con menor flujo peatonal y vehicular. Las nuevas sedes son: Plaza de la Concepción (Belisario Domínguez, casi esquina con Eje Central); el espacio público del Monumento a Simón Bolívar (Paseo de la Reforma y Violeta); y la Plaza de Lectura José Saramago (Circuito Interior y Reforma). En el exterior del Senado de la República permanecerá solo un módulo informativo, sin permitir consumo.
Las reglas de operación retoman acuerdos previos con colectivos como el acceso exclusivo para mayores de edad, horario de 08:00 a 20:00, estancias máximas de 40 minutos y un aforo acotado. Se prohíben la venta o intercambio de cannabis y el consumo de otras sustancias, tampoco se permite ingerir alcohol ni grabar o tomar fotografías dentro de las zonas. La posesión máxima individual reconocida es de 28 gramos, en línea con el estándar que ha ido fijando la práctica administrativa desde la resolución de la Suprema Corte.
Para reforzar la reducción de riesgos y daños, cada zona contará con acompañamiento permanente de personal de la SECGOB y módulos del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), además de postes de videovigilancia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana brindará presencia disuasiva para garantizar que se respeten los acuerdos sin criminalizar a los consumidores.
El cambio de estos puntos 4:20 responde a que, con el tiempo, los campamentos instalados desde 2021 derivaron en quejas vecinales por comercio informal y otras conductas ajenas al objetivo original de visibilizar derechos. La autoridad capitalina argumenta que la reubicación busca equilibrar el libre tránsito con la convivencia cotidiana en espacios públicos.
Desde junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad que eliminó la prohibición absoluta del uso adulto de cannabis en la Ley General de Salud y mandató a la autoridad sanitaria a emitir autorizaciones administrativas. Sin embargo, el Congreso no ha aprobado un marco integral y persisten estas “zonas de tolerancia” que, en rigor, son una estrategia local de gestión del espacio público y de reducción de daños que no representan una legalización plena ni habilitan el comercio y la distribución legal de la marihuana.
