Malta se convirtió a finales del 2021 en el primer país europeo en regular el acceso al cannabis lúdico para adultos. La ley estableció dos formas de acceso, ambas no comerciales: el autocultivo y los clubs de cannabis. De esta forma se pretendió hacer prevalecer las políticas dirigidas a reducir daños en el consumo, tratando de evitar que la entrada de intereses privados hiciera del uso adulto de cannabis una actividad de la que sacar provecho económico.
Pero desde que el pasado noviembre se destituyó a la primera presidenta de la autoridad para el Uso Responsable del Cannabis de Malta, Mariella Dimech, las dudas sobre el futuro de la regulación no han parado de crecer. Tras su cese, Dimech declaró que durante el tiempo que trabajó en la institución estuvo “sin personal, sin presupuesto”, y que había tenido que lidiar “con una estrategia política y una estrategia de decisión con las que no estaba de acuerdo”. La persona nombrada para sustituir a Dimech es el exdirector de Cáritas Malta, Leonid McKay, y este cambio ya preocupó a grupos activistas, que señalaron que la ong Cáritas se manifestó en el pasado contra la regulación del cannabis.
Esta semana las preocupaciones han vuelto a surgir en la sociedad civil maltesa después de que la Autoridad para el Uso Responsable del Cannabis celebrase una conferencia para exponer algunas reglas de los futuros clubes sociales. En un editorial del diario Times Malta, se señala que los principales oradores de la conferencia fueron “líderes de la industria” y expertos en campos como el cultivo, distribución, neurociencia, negocios o derecho, sin que ninguno de los invitados estuviera directamente relacionado con el aspecto comunitario del consumo de cannabis.
“El nuevo líder de ARUC, Leonid McKay, declaró su oposición a la comercialización, pero de la conferencia surge una imagen diferente. El control sobre el cannabis parece estar escapando de la comunidad a manos de intereses comerciales”, ha publicado el diario, señalando que se han propuesto elevadas cuotas para la apertura de los clubs de cannabis, lo que podría provocar que se discrimine por razones económicas a las personas que querrían constituir uno.
