En agosto de 2025, el Parlamento de Botsuana aprobó la Cannabis Bill 2025, que crea un marco específico para regular el cultivo, la producción, el almacenamiento, la distribución y el comercio exterior de cannabis con fines medicinales, científicos, de investigación e industriales. La norma fue presentada por el Ministerio de Tierras y Agricultura y se adoptó sin enmiendas, con una mayoría parlamentaria que la defendió como un cambio de rumbo “deliberado” pero compatible con las obligaciones internacionales del país. Aunque el texto es claro en que el uso recreativo permanece prohibido y cualquier consumo fuera de los canales autorizados sigue siendo una infracción penal.
Pocos días después, otra pieza clave del engranaje legal quedó encajada con la aprobación de una reforma a la Ley sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La modificación armoniza esa normativa con la nueva Cannabis Act y hace posible, por primera vez, actividades como el cultivo, la producción, el almacenamiento, la fabricación, la importación, la exportación, el transporte y la venta de productos de cannabis medicinal y de cáñamo industrial, siempre bajo licencias y controles estatales.
El portal especializado cannabiz-africa.com ha descrito este movimiento como el arranque de una nueva “era verde” para Botsuana y subraya que los ensayos de cultivo se desarrollarán bajo una estricta supervisión regulatoria, con el objetivo de posicionar al país en un mercado global de cannabis medicinal y cáñamo que crece con rapidez. Al mismo tiempo, las autoridades recuerdan que el marco legal aún se está afinando y que el énfasis seguirá puesto en un uso controlado, vinculado a la salud, la ciencia y la industria, más que en un giro inmediato hacia modelos de regulación del uso adulto.
El caso de Botsuana se inscribe en una tendencia más amplia: la de países que, tras décadas de prohibicionismo, empiezan a separar el debate sobre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial de la persecución del consumo recreativo. El resultado es un esquema híbrido en el que se reconocen el valor terapéutico y el potencial económico de la planta, mientras se mantiene la criminalización de las personas usuarias que quedan fuera de los circuitos autorizados.
Es importante destacar que, desde una mirada antiprohibicionista, estos procesos abren una ventana de oportunidad, pero también plantean el riesgo de que la reforma beneficie principalmente a grandes actores económicos sin revisar de fondo la política punitiva hacia quienes consumen.
