El Gobierno de Río de Janeiro, en Brasil, lanzó un programa de asistencia para la población que se encuentra viviendo en la calle. Entre alguno de sus puntos más importantes, se permitirá la internación involuntaria en unidades hospitalarias a las personas que usan drogas. Esta medida generó la polémica entre varias instituciones legales del país, quienes denunciaron que es anticonstitucional que alguien sea privado de su libertad para ser sometido a un tratamiento sin su consentimiento.

El proyecto del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, consiste en la creación de unidades de acogida que atenderán en una primera etapa a unas 130 personas en situación de calle. De esta manera, pretende resolver un problema que no para de crecer en Brasil. En los últimos diez años, se multiplicó por diez la cantidad de personas que no tienen hogar en el país más grande de Latinoamérica. Así lo reveló un estudio realizado por Ipea, un órgano de investigación económica del Gobierno nacional, que precisó que hoy existen 227 mil personas que viven en la vía pública. 

Seguida de Sao Pablo, Río de Janeiro es la segunda ciudad con más personas que viven en la calle, con más de 10.600 casos. Según el estudio oficial, el 30,4% de ellos aseguraron que están en esa situación de vulnerabilidad por su adicción a las drogas. Pero el alcalde Paes pretende resolverlo con un proyecto de “higienización”, tal como fue presentado, en donde se encierre a las personas en unidades hospitalarias, a partir de la decisión de un médico y por un período máximo de 72 horas.

La iniciativa de Río de Janeiro despertó la protesta de la Defensoría Pública Federal y el Ministerio Público Federal, quienes le emitieron una nota al alcalde Paes denunciando que la medida es ilegal porque viola uno de los fundamentos primarios de la Constitución Federal de Brasil: la dignidad humana. “Nadie puede ser privado de su libertad para someterse a la fuerza a cualquier tipo de tratamiento sin su libre consentimiento”, aseguraron en el documento.