La exigencia de la organización se produjo después del comunicado de la Narcotics Control Commission (NACOC) donde informó que comenzará a operacionalizar el marco de licencias tras la aprobación parlamentaria del esquema regulatorio y de costos. 

El modelo, según la propia Comisión, se limita a cannabis con contenido de THC no superior al 0,3% y exige trazabilidad, protocolos de seguridad y estándares de calidad. También precisó que las gestiones deben realizarse únicamente a través de su Cannabis Regulations Department. Además, la aclaración incluyó un recordatorio sobre la ilegalidad del uso recreativo.

Para la Economic Fighters League (EFL), movimiento político y de activismo juvenil en Ghana, ese paso administrativo tiene consecuencias penales y sociales. En una declaración, el grupo sostuvo que durante años su oposición a la criminalización fue ridiculizada y que el giro actual expone lo que consideran una política “irracional” y dañina. 

Dentro de sus demandas pidieron que el Estado active un proceso de justicia restaurativa y que sea capaz de revisar sentencias por posesión y cultivo a pequeña escala, borrar antecedentes por delitos menores y establecer una amnistía para personas encarceladas por infracciones no violentas relacionadas con cannabis.

El movimiento también apuntó a un daño menos visible que el número de detenciones, como el impacto acumulado de erradicaciones y quema de cultivos sobre comunidades rurales. Por eso, incorporó la idea de reparaciones para agricultores, en línea con su advertencia sobre el riesgo de “captura de élite” en el nacimiento de un mercado regulado mientras los pequeños productores quedan fuera.

El caso ghanés abre dos discusiones inseparables. El precio de entrada al nuevo esquema puede definir quién participa, en un país donde se debatieron borradores con tasas desde 9.000 dólares por hasta un acre (0,4 hectáreas) y hasta 45.000 dólares por hectárea, además de una tasa anual del 20% del valor de la licencia.

La otra discusión es la reparación. Maryland funciona como ejemplo reciente de amnistía para condenas relacionadas con cannabis. Allí, el gobernador Wes Moore anunció en junio de 2025 un indulto colectivo para 6.938 personas con antecedentes por posesión, que se sumó a una medida de clemencia previa de 2024 por más de 175.000 condenas menores. El contraste ilumina la situación con respecto al cannabis en Ghana, donde sin revisión de condenas y borrado de antecedentes el “oro verde” puede convertirse en un cambio de manos sin justicia.