ACC operaba un predio de 1,5 hectáreas contiguo al sitio histórico, que funciona con riego tradicional por acequia donde se opera manualmente el cierre y las aperturas de las compuertas. La querella sostiene que el flujo no controlado alcanzó aproximadamente uno 2,400 metros cúbicos, afectando 850 plantas en etapa de floración y dañando equipos de invernadero, bombas y sistemas de riego. 

En tanto, la compañía afirma que análisis posteriores detectaron bacterias fecales en los cogollos y plantas, lo que imposibilitaba su comercialización por razones sanitarias y regulatorias.

El caso ilustra un problema habitual en Nuevo México, donde conviven infraestructura hídrica histórica y emprendimientos agrícolas contemporáneos, incluido el cannabis. Para los cultivadores comerciales, ese entorno añade riesgos operativos que requieren coordinación con administraciones públicas y juntas de regantes, además de pólizas específicas y protocolos de bioseguridad.

Para el mercado del cannabis legal, lo ocurrido no es menor, más aún considerando que Nuevo México consolidó el uso adulto de cannabis en 2021 y ha experimentado una rápida expansión seguida de ajustes regulatorios y financieros.

Según los representantes de ACC, licenciada en 2022, la compañía no logró recuperarse y el proyecto se vino abajo tras el incidente; el proceso judicial busca resarcimiento por daños y perjuicios. El avance del caso dependerá de peritajes agronómicos e hídricos que determinen la secuencia de hechos y el nexo causal entre la inundación y las pérdidas declaradas.