Entre los beneficios más justos de las regulaciones de la hierba está la revisión, con carácter retroactivo, de delitos.

El alcalde de Denver, Michael Hancock (en la foto), afirmó que más de 10.000 personas fueron condenadas en la capital de Colorado entre 2001 y 2013 por delitos leves relacionados con el cannabis. Esos delitos, entre los que se encuentra posesión de drogas o parafernalia no serían ilegales hoy en día, pero aun así pesan en los antecedentes penales de muchas personas.

Además, hay que tener en cuenta el marcado sesgo racial de estos casos. “Durante demasiado tiempo, las vidas de los residentes de bajos ingresos y de quienes viven en nuestras comunidades de color se han visto afectadas negativamente por las condenas por delitos leves relacionados con la marihuana”, dijo en un comunicado. “Esta es una injusticia que necesita ser corregida, y vamos a proporcionar las vías para dejar atrás una era de prohibición que ha impactado muy negativamente en las vidas de miles de personas”. Esta voluntad es “parte del esfuerzo continuo de Denver para promover la inclusión de personas y comunidades afectadas de manera desproporcionada por la guerra contra las drogas”, afirmó Hancock, quien también está buscando la manera de ayudar a los comercios de cannabis: “Necesitamos comprender mejor las condiciones comerciales y los obstáculos reglamentarios que impiden que las personas busquen empleo o creen empresas en la industria del cannabis”, explica. “Creemos en la igualdad de oportunidades para todos, y eso incluye a quienes trabajan en la industria del cannabis”.