Durante una ronda rutinaria de pruebas de drogas, Jean‑Jacques Modeste, dio positivo en el test por THC. Según relató a la prensa, utiliza CBD con receta para estabilizar su estado de ánimo y reducir el uso de benzodiacepinas. Pese a presentar justificantes médicos, al trabajador se le revocó el contrato.

Modeste, diagnosticado con trastorno bipolar, sostiene que su consumo corresponde a cannabidiol (CBD) prescrito por su médico y su psiquiatra. El caso reabre el debate sobre la compatibilidad entre el uso terapéutico de CBD -que es legal en ese país- y los protocolos laborales en la detección de THC.

Es importante destacar que el caso expone una grieta normativa bien conocida en Francia, porque si bien la comercialización de productos con CBD es legal, siempre que contengan menos de 0,3% de THC, los test salivales detectan la presencia de THC y no de CBD.

Al respecto, la jurisprudencia penal establece que la detección de THC basta para presumir “uso de estupefacientes” sin distinguir el origen. Este criterio, pensado para seguridad vial, permea políticas internas empresariales y puede impactar en el empleo de personas que usan CBD de forma regular y legítima.

El episodio también interpela a otros países donde el CBD se vende legalmente y donde empresas con puestos de seguridad sensible realizan controles de sustancias. La pregunta clave es en qué momento los protocolos deben actualizarse para distinguir entre psicoactividad y mera detección de metabolitos por umbrales técnicos.

Por eso y más allá del caso individual, el choque entre pruebas pensadas para el THC y un mercado legal de CBD, deja a trabajadores en una zona gris. Si el objetivo es la seguridad, el foco debería estar en la capacidad funcional y no en una positividad inespecífica, ni en protocolos que castigan sin contexto clínico ni evidencia de riesgo real en el desempeño.