El Gobierno de Canadá aprobó en enero una enmienda para permitir la prescripción médica de sustancias prohibidas como la MDMA o la psilocibina a determinados pacientes. Entonces se creó el Programa de Acceso Especial dentro de la agencia estatal de salud para otorgar autorizaciones de uso a pacientes con enfermedades graves que no hayan obtenido alivio con otros tratamientos. Desde 2020 el Ministerio de Sanidad del país había otorgado acceso a la psilocibina a casi 50 pacientes a través de un proceso excepcional que se demoraba más de 100 días. Con el cambio de regulación de este año, los médicos y farmacéuticos pueden solicitar acceso a las sustancias cualquier día del año, y la administración trata de responder la solicitud en un día. 

Por otro lado, en Canadá el elevado número de muertes por sobredosis supone desde hace años una crisis de salud pública. Ante la falta de medidas eficientes por parte de la administración, el año pasado nació el Frente de Liberación de los Usuarios de Drogas, una asociación fruto de la unión de varias organizaciones comunitarias de usuarios de drogas de la provincia de Columbia Británica, que a través de la acción de voluntarios llevan a cabo campañas de reparto de heroína, cocaína y metanfetamina gratuita a personas adictas. Más tarde, el Frente de Liberación de los Usuarios de Drogas y la Red de Usuarios de Drogas del Área de Vancouver fundaron un club de dispensación de drogas seguras para consumidores que recibió el respaldo del Ayuntamiento de Vancouver. 

Y poco antes del verano se dio un importante paso en el país, cuando el Gobierno de Canadá aprobó una política de despenalización para varias drogas ilegales en la provincia de Columbia Británica a modo de prueba piloto de tres años. A partir del 31 de enero de 2023 la posesión de hasta 2,5 gramos opioides, cocaína, metanfetamina o MDMA no supondrá un arresto, ni una sanción, ni tampoco la policía confiscará las sustancias. La despenalización de todas las drogas lleva tiempo siendo discutida en el país como una medida de salud pública para reducir las sobredosis, los problemas de salud y la exclusiónn social que sufren los usuarios de drogas.