En los últimos años se ha agitado el debate de drogas en Colombia a todos los niveles, pero hay tal disparidad de estudios y tal falta de rigor que es difícil saber qué pasa realmente. Por un lado, están los datos de cultivo de hectáreas de coca que suministra el gobierno de Estados Unidos, que en el año 2017 calculó 209.000 hectáreas, y por otro están los datos del SIMCI, más moderados y realistas para los investigadores, que este año indicó que Colombia llegó a 171.000 hectáreas en el año 2017.
Así las cosas, tanto los especuladores sensacionalistas como los moderados institucionales tienen las de ganar tomando el argumento que más les convenga. Es hora de unificar las mediciones en este campo para reducir la manipulación política de estos datos.
En el escenario de los estudios de consumo las cosas son peores, llevamos más de 15 años adheridos sin espacio a la crítica o los ajustes a los lineamientos de CICAD (Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas) adscrita a la OEA (Organización de Estados Americanos) considerados una de las instituciones más conservadoras del continente en temas de drogas. Las encuestas epidemiológicas de hogares tocaron techo y no son suficientes para describir el fenómeno, ya sabemos qué se consume en Colombia y cuándo, pero falta saber por qué, para qué, con quién, y descubrir las razones, emociones e intereses que mueven a una persona a consumir drogas.
Juan David Gelvez, investigador de la FIP, dejó claro que los estudios de consumo en Colombia 1) no son comparables, 2) no son rigurosos con la frecuencia del consumo y los tipos de consumidores y 3) los estudios dependen de la percepción de los ciudadanos. De la misma manera Ana Arjona, directora del CESED, apuntó: “Ya es hora de dar un debate serio sobre qué políticas pueden tener un impacto positivo en el largo plazo. Y, para hacerlo, necesitamos información sobre los actores involucrados, así como investigación sobre su comportamiento. ¿Cómo esperamos cambiar su conducta si sabemos tan poco sobre ellos?”
