El programa piloto de Países Bajos para producir cannabis legal que abastezca a los coffeeshops está siendo el objetivo de numerosos inversores extranjeros. Aunque todavía no se ha iniciado ningún cultivo, las empresas que han conseguido alguna de las licencias para participar han recibido ofertas millonarias y muchas de sus acciones ahora son propiedad de compañías que quieren posicionarse en el futuro mercado legal del cannabis en Europa.

La entrada de inversores extranjeros en las empresas que han sido seleccionadas para el programa está retrasando su avance. El diseño del programa exige la investigación de las compañías e inversores que están detrás de las empresas que producirán el cannabis, a fin de evitar la entrada de grupos implicados en actividades ilícitas o que pueda derivar parte de la producción al mercado negro. Además, el programa piloto también está sufriendo retrasos por la localización de los cultivos y las previsiones de producción.

El programa forma parte de un acuerdo de Gobierno del 2017 y está pensado para autorizar a un total de diez empresas que deberán producir 6500 kilos de cannabis legal al año para abastecer a los coffeeshops de un único municipio durante cuatro años. El objetivo es valorar una política de legalización de la producción de cannabis en el país, que a día de hoy no existe: aunque es legal que los coffeeshops vendan cannabis, estos no tienen ninguna vía legal para obtenerlo, y desde siempre utilizan el mercado negro como proveedor.

Las diez empresas que participarán en el programa fueron escogidas por sorteo, y todavía hay una de ellas cuya participación está pendiente de confirmación por parte del Gobierno. Según ha publicado el medio NOS, a pesar de que su participación todavía no está asegurada, una empresa canadiense ya ha adquirido el 80% de sus acciones. El resto de empresas que participarán también han vendido parte de sus acciones o han sido adquiridas por empresas extranjeras.

“El enfoque del experimento debería estar en los efectos de la legalización en la salud pública y la lucha contra el crimen, no en ganar la mayor cantidad de dinero posible”, dijo a NOS, André Knottnerus, profesor en medicina y parte del comité que diseñó el programa piloto de producción legal. “Además, la buena competencia de precio y calidad exige que las empresas de cultivo no se enreden financiera o administrativamente”.