En el número pasado contábamos el caso de Muhammad Lukman Ben Mohamad, un ciudadano malayo que había sido condenado a muerte por la Corte Suprema de su país por comerciar con aceites medicinales derivados del cannabis.

Pues bien, de la misma manera que lo poníamos como ejemplo de la completa desproporción (siempre es desproporcionado) que rige las legislaciones sobre estupefacientes en algunos países del sudeste asiático, toca ahora señalar el giro que ha tomado el asunto.

El caso provocó un debate sobre el uso de la marihuana con fines médicos, y muchos, incluidos algunos legisladores, pidieron enmiendas a las duras leyes del país en materia de drogas.

A través de la plataforma Change.org se llegaron a recoger más de 45.000 firmas que solicitaban la revisión del proceso y, finalmente, hasta el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, se ha pronunciado al respecto: “Creo que debería ser revisado”, respondió a la pregunta de un periodista.

Nurul Izzah Anwar, un miembro del parlamento de la coalición de Mahathir, dijo que escribiría personalmente una carta instando al fiscal general que reconsidere la condena para Muhammad Lukman. “Según los informes, parece ser un error judicial”, dijo.

Se da la circunstancia de que el año pasado la justicia malaya suprimió la pena de muerte como castigo obligatorio para los delitos de narcotráfico, dejándolo a la potestad de los jueces. Siendo así, parece que cabe esperanza para el bueno de Lukman.