Para Embrapa, la cifra no es un capricho. Con el límite del 0,3%, muchas variedades de cáñamo en climas de alta radiación como el brasileño,  superan el umbral de THC y deben destruirse pese a no tener efecto psicoactivo relevante. Un 1% ofrecería un margen de seguridad agronómica y permitiría aprovechar mejor variedades ricas en cannabidiol (CBD) para producir insumos farmacéuticos y extractos en el propio país, reduciendo la dependencia de importaciones.

El pedido se inscribe en una tendencia internacional que se aleja del dogma del 0,3%. Suiza permite comercializar cannabis con hasta 1% de THC sin que se considere una droga fiscalizada, lo que ha impulsado un mercado de flores y resinas ricas en CBD. En América Latina, Uruguay y Argentina también utilizan el 1% como frontera para definir cuándo el cannabis pasa a ser psicoactivo, mientras que Ecuador adoptó ese techo para su cáñamo industrial. El estándar del 0,3%, heredado de la investigación norteamericana, aparece cada vez más como una anomalía restrictiva.

Brasil, en cambio, sigue atrapado en un laberinto regulatorio. Aunque el STJ determinó que el cannabis de bajo THC no encaja en la Ley de Drogas y fijó el 31 de marzo de 2026 como fecha límite para reglamentar el cultivo medicinal e industrial, los plazos se han ido prorrogando sin habilitar siembras legales. En este contexto, Anvisa autorizó en noviembre de 2025 a Embrapa a cultivar cannabis solo con fines científicos, crear un banco de semillas y desarrollar genéticas, un avance relevante pero todavía alejado de una producción comercial de cáñamo que integre a agricultoras y agricultores.

Al final, discutir si el cáñamo debe tener 0,3% o 1% de THC es discutir si el beneficio estará orientado a un puñado de importadoras y laboratorios o una red más amplia de agricultoras y agricultores. Brasil tiene suelo, clima y ciencia pública para liderar una cadena de cáñamo diversa y sostenible; lo que falta es una regulación que deje de obedecer al prohibicionismo y escuche, de verdad, a la evidencia.