Se cumple la primera efeméride de la aprobación por parte del parlamento argentino de la ley que permite el uso de cannabis medicinal.

Desde nuestros compañeros de Cáñamo Chile nos llega esta preocupante información sobre la percepción que tienen las familias argentinas sobre cómo ha ido la legalización del cannabis. Parece que la situación está deslucida.

Una de las quejas iniciales a la ley, y que se prometió que se iba a enmendar, es que esta no contemplaba el “autocultivo solidario”. Según las asociaciones que se dedican a mirar por los pacientes que usan el cannabis, como Mamá Cultiva, cercenar el autocultivo es un error. En este año el parlamento no ha revisado la ley, por lo que el autocultivo sigue prohibido y, además, pesa sobre esta actividad penas que consideramos desmesuradas.

La cosa no acaba ahí: el programa aprobado incluía interesantes pasos en la dirección correcta como que el estado diese cannabis a los pacientes sin tener que pasar por caja o que éstos pudieran importar aceite de CBD. Para ser beneficiario de ambas cosas debes registrarte. Sin embargo, de nuevo, las cosas siguen igual que antes de que se implantara la ley.

Tal y como recogen nuestros compañeros de Chile las madres y padres de varios niños que dependen del cannabis en su vida diaria afirman que retrocedieron en el proceso y que están “peor que antes”, debido a tener una ley que realmente no se está aplicando. Valeria Salech, fundadora de Mamá Cultiva dice que “hay un abismo entre lo que pasa en la vida diaria de las personas y lo que ocurre en el Ministerio de Salud”. Otros padres se quejan de que el aceite solo se puede conseguir a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que ha complejizado el proceso y que además solo distribuye un tipo de aceite que sirve para tratar la epilepsia refractaria, siendo inexistentes los tratamientos para otras enfermedades.

Y esto pasas porque el gobierno no ha destinado dinero a esta tarea, tal y como miembros de la administración han confesado. Esto y la mala organización relacionada con el registro de usuarios llevó a gente como Valeria Salech a calificar el programa del gobierno como “un fracaso”.

Un año después de que sea legal parece que los pacientes deben seguir comportándose como delincuentes.